El magistrado, en cumplimiento de la resolución de la Audiencia Nacional -que declaró que no era competente para investigar los crímenes del franquismo- se inhibió en favor de 27 juzgados territoriales para que tramiten el caso de la memoria histórica.
En la resolución, Garzón insistió en que el objeto de la investigación es la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español.
El juez expresó que la tipificación jurídica que corresponde a esos hechos es la de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, serán los nuevos jueces los que tendrán que investigar los hechos y, a su vez, deberán decidir si aceptan la calificación jurídica realizada por Garzón o si la modifican. También deberán decidir si continúan con el procedimiento o se declaran incompetentes. En ese caso, sería el Tribunal Supremo el que debería decidir sobre qué órgano es el competente para investigar los hechos.
Respecto a los “niños perdidos” del franquismo, el juez recordó que el 6 de noviembre Ricard Vinyes (un profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona) aportó una documentación vital: por un lado, datos sobre las identidades de niños desaparecidos y además, transcripciones de conversaciones que avalaron la necesidad de una investigación exhaustiva.
Según Garzón esos datos son necesarios para comprobar el delito, una de las condiciones exigidas por la Audiencia Nacional para no declarar nulas esas actuaciones.
En el auto dictado el pasado 18 de noviembre –en el que decidió abandonar la investigación sobre la represión y dictadura franquista (1939-1975) y la Guerra Civil para evitar que la Audiencia Nacional lo declarara incompetente, algo que finalmente no logró- Garzón recordó que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su declaración de condena de la dictadura franquista de fecha 17 de marzo de 2006 señalaba que “los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado, porque el régimen consideraba su familia republicana como ´inadecuada´ para su formación”.
Lo sucedido en España tiene un parangón en Argentina con los cientos de chicos apropiados por los dictadores –que muchas veces eran los mismos que torturaban y asesinaban a sus padres- que fueron entregados a familias sustitutas y a los que, en la mayoría de los casos, les fue negada la identidad.
“Los niños debían expiar activamente ‘los pecados de su padre’ y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos”, denunció Garzón.
Según documentos del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas, la cifra de chicos y chicas, hijos de presas, tutelados por el Estado en 1944 era de 12.042 la mayoría de los cuales, en especial los varones (7.538) estaban en centros religiosos.
Durante la década que transcurrió entre 1944 y 1954, ese número se elevó a 30.960. El ingreso de los menores en centros religiosos y seminarios fue gestionado por el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia. La mayoría de esos niños eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos. Las listas oficiales señalaban la situación del padre como fusilado o desaparecido.