Juan Esteban Maqueda, juez federal de San Luis, será el primer en comparecer ante los integrantes de la comisión el próximo jueves 19 de febrero a las 13.30. El magistrado está acusado de no realizar las medidas a su alcance para investigar una denuncia de corrupción contra los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, gobernador y ex gobernador de su provincia.
En 2006, Maqueda dictó la prescripción de una causa que se les seguía a los hermanos Rodríguez Saá por enriquecimiento ilícito.
Para el jueves 26, una semana después del descargo del juez puntano, los camaristas cordobeses Abel Sánchez Torres, Luis Rueda e Ignacio Vélez Fúnes están citados por ante la comisión que preside el senador Ernesto Sanz aunque fuentes judiciales citadas por el diario La Voz del Interior adelantaron que “los magistrados presentarán su descargo por escrito” utilizando una prerrogativa que disponen en esa instancia del trámite.
Los jueces de la Cámara de Córdoba son investigados por “mal desempeño” y por cometer supuesta parcialidad, demoras y de ejercer de forma abusiva “la facultad delegada de superintendencia, constituyendo desvío de poder”, en una causa para indemnizar a la familia de un alumno del Liceo Militar General Paz, que en 1990 quedó cuadripléjico.
El diario cordobés señala que el caso Piccón salió a la luz en agosto de 2007 cuando el camarista Alejandro Mosquera renunció a la Justicia formulando graves cargos contra sus pares de la Cámara Federal por el manejo de la causa del cadete. El propio Mosquera viajó a Buenos Aires y denunció al resto de los miembros del Tribunal ante el Consejo de la Magistratura.
El jueves 5 de marzo será el turno del juez federal de Chaco Carlos Rubén Skidelsky, citado para las 13.30 por los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación. El magistrado está acusado de cometer irregularidades en causas contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se le imputa el haber dejado “en total desprotección al Estado y sus recursos”.
Skidelsky y Maqueda fueron multados en octubre por el Consejo por el 30 por ciento de sus sueldos por su actuación en otras causas a su cargo. Al puntano se lo acusó de apartarse de las normas vigentes al convalidar un congreso del Partido Justicialista, opositor al kirchnerismo, que se realizó el año en la localidad de Potrero de Funes y al chaqueño se le reprochó haber intervenido en causas que no eran de su competencia.
La frutilla del postre que coronará la sucesión de citaciones en la comisión de Disciplina y Acusación, será el descargo del juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez (a cargo de la causa por la “ruta de la efedrina”) que se verá con los consejeros el 12 de marzo. El magistrado está acusado de “mal desempeño de sus funciones” en al menos once causas iniciadas por la Cámara de apelaciones de San Martín y por el fiscal federal Pablo Quiroga.
Aunque fuentes del Consejo consultadas por Diariojudicial.com no confirmaron la fecha en la que tendrá que comparecer el juez federal de Salta José Solá Torino, en los últimos días de diciembre la Cámara Federal de esa provincia confirmó su procesamiento por el presunto delito de cohecho pasivo.
En caso de ser ratificado el dictamen acusatorio en su contra, Solá Torino quedaría automáticamente suspendido de sus funciones. El magistrado está siendo investigado por levantar presuntamente el pedido de captura a una persona acusada de narcotráfico a cambio de recibir una coima.
En un descargo por escrito que había presentado a los consejeros, el juez Solá Torino aseguró que “nunca” recibió dinero de los narcotraficantes a los cuales supuestamente favoreció, y también criticó el uso de conversaciones telefónicas, que constituyeron la “columna vertebral” de su procesamiento.
En cuanto al juez Bernardino Zaffrani –magistrado Ad Hoc de Rio Gallegos, denunciado por la agresión a la ministra Alicia Kirchner en 2007-, la comisión de Disciplina y Acusación no fijó fecha para que el magistrado presente su descargo.
La declaración ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo es el inicio de un procedimiento que, de comprobarse las denuncias, puede terminar en el juicio político y la destitución.