“El Consejo de la Magistratura no tiene decisión final respecto de la designación pues ella es una facultad reservada al Poder Ejecutivo”, señaló la entidad a través de un comunicado. Y agregó que “la participación política en el proceso de designación de magistrados entonces no es clandestina, sino constitucional y legal”.
“Desde el nacimiento de nuestra Organización Constitucional la facultad de designar a los Jueces es del Poder Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura se limitó el poder discrecional del Gobernador, que desde 1994 en nuestra Provincia, limita a una terna la facultad de elegir a los jueces”, completó la entidad, presidido por Gerardo Salas, ex integrante del Consejo en representación de los abogados, y que integran los 18 colegios de abogados de la provincia que tienen representantes en el Consejo.
Semanas atrás el juez en lo contencioso de La Plata Luis Arias denunció que el Consejo de la Magistratura está dominado por el poder político. “Los que ocupen cargos de importancia en el Consejo de la Magistratura deben ser personas de alta capacitación, de formación profesional, pero fundamentalmente deben mostrar independencia del poder político”, afirmó el magistrado.
Arias sostuvo sobre la selección de jueces que “en las entrevistas no hay parámetros objetivos, y eso debería ser muy preciso. No se puede evaluar a alguien por si te gusta o no”. El magistrado reclamó mayor participación de la ciudadanía y difusión: “Porque para elegir a un intendente o algún cargo político todos participan y se informan, y los cargos son por cuatro años, pero en el caso de los jueces nadie se entera y son cargos que duran para toda la vida”.
El Colegio respondió que “los exámenes de los postulantes son tomados por académicos de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, son anónimos y son corregidos por los mismos académicos con decisión final en el seno del propio Consejo”.
Las críticas le valieron a Arias una denuncia penal presentada por el integrante del Consejo y diputado del Frente para Victoria, Guido Lorenzino por no haber denunciado las intromisiones en el Consejo que hizo públicas. Al respecto el Colegio de Abogados recordó que el Consejo “tampoco juzga a los jueces por mal desempeño, pues esa es una función reservada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados creado por ley 8085”.
“Podríamos introducirnos en la discusión filosófica respecto de la forma de la designación; si es saludable para la forma republicana de gobierno que el poder político tenga tanta ingerencia (integra el Consejo de la Magistratura, el Gobernador designa al funcionario de entre la terna que forma el mismo Consejo y el Senado presta el acuerdo) o es preferible otra forma de elección de los Jueces”, señaló el Colegio.
“Mientras tanto, nuestro sistema constitucional ha plasmado el actual mecanismo para las designaciones y no otro y no se podrá cambiar mientras el pueblo, a través de sus representantes reunidos en asamblea constituyente, no decida otra forma de elección de los jueces”, opinó la entidad.
“Durante los años de participación en el Consejo de la Magistratura, nuestros representantes han podido constatar la regularidad de su funcionamiento, sin perjuicio de haber dejado a salvo nuestra opinión respecto de que debe haber mayor equilibrio entre los estamentos en cuanto al número de representantes de cada uno de ellos”, concluyó el Colegio.