El gobernador socialista Hermes Binner publicó en el Boletín Oficial el decreto 125 que pone marcha los juicios orales para los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público, tormentos y tortura con resultado de muerte, abuso sexual con resultado de muerte, homicidio calificado, y robo con resultado de muerte.
El decreto aclara que “se aplicarán a las causas en trámite, las normas que sean más favorables al imputado, en cuanto a su libertad, a la extinción de la acción penal y amplitud de la defensa, si así lo solicita éste o su defensor dentro de los diez días a partir de la primer actuación realizada en la causa posterior al 14 de febrero de 2009”.
Se especula con que los primeros juicios orales se llevan a cabo entre los siete y ocho meses. Su implementación también trajo aparejado una nueva participación de los fiscales.
Desde el sábado también, los representantes del Ministerio Público podrán hacer uso de la disponibilidad de la acción y solicitar no continuar con la investigación de un delito si considera que por su identidad – el monto de la pena, lo mínimo del daño causado – no tiene un interes en seguirlo.
En ese caso la acción la podrá continuar la víctima ya que la reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe incluyó la figura del querellante.
También se fijó que los juicios orales se podrán realizar con jueces unipersonales o con tribunales colegados. La reforma fijó que en los casos de delitos con penas de hasta ocho años de prisión el juicio lo realizará un solo juez. En las penas mayores, el delito será juzgado por un tribunal de tres magistrados.
Por otra parte, se habilitó además la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la suspensión del juicio a prueba. Eso se podrá llevar a cabo para las penas que no superen los tres años.
La aplicación integra de los juicios orales en Santa Fe debió haber entrado en vigencia en junio del año pasado pero la falta de una serie de leyes impidió el inició del sistema acusatorio. La puesta en marcha del sistema oral tuvo su inicio en un proceso de discusión de la que participación los tres poderes de la provincia, además de entidades académicas y de abogados.
El gobernador Binner envió a principio de febrero al Poder cinco proyectos de ley que servirán para poner en marcha los juicios orales en la provincia. Esas iniciativas son la de ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (así se llamará el ministerio Fiscal), la de protección y ayuda a la victima, la de transición (servirá para fijar cómo se van a ir cumpliendo los plazos del sistema), la ley provincial de defensa penal, y la ley orgánica de tribunales penales y gestión judicial.