“Enfáticamente se le hizo saber al Consejo de la Magistratura que el éxito de aquellos sanos propósitos deber ir acompañados de la necesaria provisión a cada jurisdicción, de los medios técnicos, edilicios y de recursos humanos que los hagan tácticamente posibles”, señala el comunicado de los magistrados durante el “VIº Encuentro de Jueces de Cámaras Federales y Nacionales”
Concretamente los jueces objetan que hay algunas Cámaras que directamente no cuentan con salas de audiencias para cumplir con la ley. Y lo que se repite en varias jurisdicciones es la falta de otra tipo de infraestructura, además de tecnología para grabar las audiencias, tal como manda la norma. También preocupa la inmediatez de su entrada en vigencia. La ley 26.374 comenzará a operar a los 90 días posteriores desde su publicación en el Boletín Oficial; eso ocurrió el viernes 30 de mayo.
La ley también podría demorar la tarea judicial. “Algunas cámaras no se dividen en salas. Eso va a traer un atraso en el resto de las competencias porque son multifueros. Ellos tienen un promedio de dos o tres audiencias por día. ¿Qué tiempo les queda para las causas por escrito?”, le dijo a Diariojudicial.com el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani que participó del encuentro.
El magistrado también diferenció la localización de las Cámaras. “No es lo mismo un tribunal de frontera que una Cámara Federal del centro de la República que no tiene delitos de contrabando y droga”, explicó. Además, ejemplificó las grandes distancias entre los tribunales que hay en algunas regiones. “Un delito en Tierra del Fuego va a tener que ir en oralidad a la Cámara de Comodoro Rivadavia que está a 1.100 kilómetros y eso nadie lo previó”.
Las quejas fueron expresadas ante siete integrantes del Consejo de la Magistratura que coincidieron en Tucumán con los magistrados y mantuvieron una reunión. Los consejeros solicitaron que cada Cámara Federal o Nacional haga llegar las necesidades que tienen para poner en marcha la ley.
Lo que la nueva norma hace es modificar el sistema de apelación. Ahora todos los recursos deberán ser orales y resueltos en audiencia. El cambio formó parte de un paquete de reformas al Código Procesal Penal que el Gobierno Nacional envió en sus primeros días de gestión al Parlamento para agilizar los procesos.
Cuando la ley entre en vigencia las apelaciones se deberán resolver en el mismo momento que se realice la audiencia que deberá ser convocada en no más de 30 días desde su presentación. Solo en casos complejos el tribunal podrá tomarse cinco días para decidir la apelación. Durante el proceso todas las partes deberá ser escuchadas y los jueces podrán hacer preguntas.
La norma también señala que estas audiencias serán públicas y deberán quedar registradas en un formato de audio para que las partes puedan llevarse en el momento una copia. “Para eso se necesita un equipo que filme, grabe y de las copias, y ninguna cámara tienen eso”, sostuvo Fedriani.
Ante estos cambios, la ley crea una oficina judicial para que colabore con las Cámara Federales y Nacionales. Sin embargo, esa dependencia “no esta reglamentada qué tipo de personal va atener ni con qué preparación van a contar”, se preguntó el camarista.
“La idea de todos es que la ley se ponga en vigencia”, afirmó el camarista porteño a pesar de que la reforma, por estar dirigida exclusivamente al fuero penal, no lo tendrá como protagonista.
Otros reclamos
Los camaristas federales también les hicieron otros reclamos a los consejeros. Uno de ellos fue “los inconvenientes que a diario se producen en algunas sedes judiciales al compartirse con ámbitos físicos pertenecientes al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa”. “En algunos casos llegan a situaciones que pueden comprometer el propio buen servicio de justicia”, sostuvieron los magistrados.
También reclamaron: mayor celeridad a los concursos, la asignación de mayores recursos humanos, misma igualdad a todas las denuncias por mal desempeño que se tramitan en cuanto a los tiempos se refiere para su resolución.
Por otra parte, la declaración de los magistrados incluye los temas que abordaron durante su reunión: criticaron que la nueva ley de subrogancias no permita que las suplencias se realicen con jueces jubilados y secretarios judiciales, le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que los meritorios sean designados como personal efectivo en el juzgado, cámara o tribunal que se viene desempeñando y no que sean reasignados a otra dependencia.
También invitaron a los integrantes del Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación al próximo encuentro de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales que se realizará el 2 de julio para hacerles llegar algunas preocupaciones en torno a la institución.
Desagravio
Los jueces también mostraron su disgusto a las críticas del integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados Santiago Montaña. En un reportaje al diario La Gaceta de Tucumán Montaña sostuvo que “si hay un poder que no está cumpliendo con el pueblo de la Nación es el Judicial, porque el Ejecutivo está resolviendo muchos de los temas de la gente y el Legislativo está acompañando con sus mayorías”.
Los camaristas federales sostuvieron en la declaración que “lejos de incumplir con las funciones constitucionales que les son propias, continúa siendo garante de los derechos individuales de todos los ciudadanos y basta mencionar a título de ejemplo que fue la ímproba labor de todos los integrantes del Poder Judicial la que permitió mantener la institucionalidad de la República en oportunidad de la crisis económica-financiera sufrida por la Nación en el año 2001.