La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó al secretario letrado del Máximo Tribunal, Juan José Mandalunis, como titular de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad. La unida especial fue creada a fines del año pasado por la Corte a través de una acordad para “el relevamiento de las causas en trámite, con facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicios en un tiempo razonable”. En su resolución, el Máximo Tribunal le recordó los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad “el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite” de esas denuncias.
El Ministerio de Trabajo no está de adorno [fallos completos]
El Máximo Tribunal reafirmó la facultad del Ministerio de Trabajo de fiscalizar empresas de transporte público a través de dos fallos. En el primero, la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Sala II de la Cámara Laboral que había dejado sin efecto la multa que se le había impuesto a Aerolíneas Argentinas SA, alegando que la facultad del director de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (leyes 18.695 y 25.212) de sancionar a los empleadores por incumplimiento de las leyes y reglamentaciones laborales no comprendía los casos en que la norma que dicha autoridad consideraba infringida daba lugar a debate jurídico sobre su interpretación. El votó de la mayoría fue conformado por los ministros Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, Fayt y Petracchi (por su voto) y Highton de Nolasco (por su voto). En tanto que Carmen Argibay, por lo contrario, juzgó que el caso era inadmisible. El Máximo Tribunal también revocó, en este caso por unanimidad, un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la empresa Crucero del Norte SA y declaró inválida la resolución conjunta dictada por la Secretaría de Transportes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (443/2004) y de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (179/2004), por la cual se coordinaban las actividades de control preventivo que ejercían esas secretarías sobre las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, respecto del cumplimiento de las normas referidas a la jornada laboral y descanso de los conductores.
Hay que distinguir
El fiscal general Germán Moldes apeló el sobreseimiento a los diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que en una protesta contra el cierre de la sede del Ciclo Básico Común (CBC) de Merlo, tomaron el rectorado por siete horas. En su momento, los implicados habían sido procesados por “secuestro coactivo agravado”, delito que prevé penas de hasta 25 años de cárcel, pero luego la Cámara de Apelaciones consideró que no existió delito en la protesta y los estudiantes fueron sobreseídos. Para el fiscal general, “sobreseyendo y restando connotación delictiva de manera global a la totalidad de los sucesos protagonizados por los militantes, sin hacer distingos sobre los diferentes hechos y acciones que tuvieron lugar en rectorado de la UBA, se impide conocer cuáles de ellos pueden ser tolerados, cuáles son pasibles de juzgamiento y, sobre cuáles hay que profundizar la labor de los jueces”.
Experto argentino contra la tortura
Mario Coriolano, Defensor del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, fue elegido vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura con sede en Ginebra. Coriolano integra el Subcomité para la Prevención de la Tortura desde el mes de diciembre de 2006, y en octubre de 2008 fue reelecto para continuar, obteniendo el mayor número de votos de todos los candidatos, con el apoyo de 32 de los 34 Estados votantes. El Subcomité para la Prevención de la Tortura es el órgano de control del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y está integrado por diez expertos que ejercen sus funciones a título personal. El Protocolo establece un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura y de organismos nacionales independientes. La Argentina ratificó el Protocolo en el mes de noviembre de 2004, siendo el primer país de América Latina y el primer Estado federal en hacerlo. Actualmente, ya son 44 los estados partes.
La Corte no le aprobó la candidatura
La Corte Suprema archivó el pedido de un abogado que había solicitado ser nombrado Presidente de la Nación, al considerar que “ningún proceso electoral ofrecerá gobiernos verdaderamente legítimos”. El letrado Augusto Hernández Nazar, había solicitado al Alto Tribunal, que lo designe Presidente de Argentina atento al “estado de emergencia institucional”. El abogado se había presentado como “profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Político”. "Teniendo en cuenta su sólida experiencia en el ámbito del derecho y en la docencia, es que la Corte lo designe para ocupar el cargo e Presidente de la Nación", rezaba la presentación que realizó el 29 de diciembre.