Para Conti, “dos mil millones de pesos de presupuesto para 2009; 1200 millones de pesos acumulados en los últimos tres años sin ejecutar. Sueldos promedio de 20 mil pesos, jornadas de medio día, vacaciones de 45 días al año, parecen no ser suficientes para un Poder Judicial que está en deuda con la sociedad”.
“Deberían callarse y trabajar con ahínco para su pueblo”, exhortó Conti -que representa al oficialismo en el Consejo de la Magistratura- y sostuvo que la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay “está desactualizada” en lo que presupuesto se refiere
“El [Poder] Legislativo y el [Poder] Ejecutivo nos han recortado el presupuesto”, se quejó Argibay desde Mendoza el pasado jueves.
Conti opinó hoy que “la Justicia tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca en materia de inseguridad” y enfatizó que “el delincuente que delinque tiene que saber que va a ir a la cárcel y no que va a salir por la otra puerta”.
“Me indignó que en un momento como este, en el que tratamos de avanzar en las causas de derechos humanos y de paliar la inseguridad, (Argibay) salga livianamente (…) a decir estas cosas”, afirmó la legisladora kirchnerista.
Ayer, el presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, Carlos Lami y el abogado constitucionalista Gregorio Badeni cargaron contra los dichos del amplio abanico de representantes del kirchnerismo que criticó la labor de los miembros del Poder Judicial. “No tenemos que confundir las causas por la represión ilegal de la guerrilla con las de la inseguridad. Parecería que al juntar todo se quiere embarrar la cancha”, señaló Lami.
Y agregó: “Lo que dijeron los jueces de la Corte fue una opinión acerca de las críticas que habían formulado la presidenta y algunos ministros. Y ellos hicieron otra réplica que degrada al Poder Judicial porque lesiona la imagen pública de una institución”, manifestó Badeni.
Por su parte, desde el Gobierno el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reafirmó las críticas a la Justicia y sostuvo que “no puede ser una excusa la falta de recursos” para combatir la inseguridad.
El sábado por la mañana, el jefe de Gabinete Sergio Massa había cuestionado a un juez y una fiscal de San Isidro por la liberación de un presunto violador por un defecto procesal.
La escalada entre el Gobierno y los miembros del Poder Judicial comenzó el domingo 1° cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo -al iniciar el período de sesiones ordinarias del Congreso- que era “la hora de que actúe la Justicia” en las causas que se le siguen a los represores de la última dictadura.
El martes, la Corte llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a coordinar la manera de destrabar esas causas. Y el jueves, la jueza de la Corte Carmen Argibay se quejó en Mendoza por la falta de presupuesto para el Poder Judicial.
“En la provincia de Buenos Aires, salvo en el penal, donde se hicieron juzgados y fiscalías, en los demás fueros nos manejamos con los mismo órganos judiciales que hace 20 o 30 años”, aseguró Lami, presidente de la Cámara Civil y Comercial de San Martín.
Badeni dijo concordar en cuanto a las críticas de los jueces por la falta de presupuesto. “Durante todos los gobiernos el Poder Judicial ha sido relegado, por algo le dicen ´La Cenicienta´. No se le ha permitido disponer de la tecnología adecuada. Hoy día en algunos fueros los expedientes se siguen cosiendo”, recordó el abogado.
“Los jueces somos los que más posibilidades tenemos de ser investigados. La Corte, la Procuración, el Consejo de la Magistratura, las apelaciones de los propios abogados son los ámbitos que permiten revisar las conductas de los jueces”, dijo Lami.
Por su parte, Badeni destacó la existencia de unas 100 vacantes en el Poder Judicial nacional. “Una cosa es que haya 10 o 12 vacantes, pero no 100. Eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura, del Ejecutivo y del Senado”, apuntó.
Lami explicó que la inseguridad no es responsabilidad de los jueces. “Es como achacarle al médico la culpa de las enfermedades. El juez interviene cuando ya se cometió un delito. La prevención y la ejecución de la pena corresponden al Poder Ejecutivo”, explicó.