Según la resolución 4/2009 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el “Reglamento de Sorteos de jueces de cámara y del abogado de la matrícula federal”. De esta manera se cambió el punto a) del reglamento, ya que se consideró “pertinente que el letrado que resulte sorteado como miembro titular por el estamento de los abogados, deberá hacer saber en qué jurisdicción se halla matriculado, desde qué fecha y si ha sido suspendido, debiendo en su caso indicar el tiempo de la suspensión”. Quedando de esta manera el artículo modificado de la siguiente manera: a) si ratifica que conforme a los recaudos formales exigidos por el art. 22 de la ley 24.937, texto modificado por la ley 26.080 tiene “matrícula federal” y reúne “los requisitos para ser elegido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (art.111 de la Constitución Nacional); e indicar “si se halla matriculado, precisando en qué jurisdicciones y las fechas pertinentes; como así también si ha sido suspendido, consignándose su período”.
La Justicia pidió ayuda al Gobierno para luchar contra el paco
El fiscal federal Luis Comparatore le pidió a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, mayor cantidad de centros de atención para jóvenes adictos al “paco”, la pasta base de la cocaína. El pedido fue efectuado luego de una reunión que el representante del Ministerio Público mantuviera con miembros de la Red y la Asociación de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas quienes le expresaron su preocupación por la asistencia que reciben los adictos. Comparatore le requirió a la ministra que informe qué lugares se encuentran en la ciudad de Buenos Aires para tratar la adicción y cuáles son los apropiados para la atención a la adicción al consumo del paco.
Quiere que se revoque el arresto domiciliario concedido por Schiavo
El fiscal Héctor Scebba de San Martín apeló la resolución del juez de Garantías Nicolás Schiavo que beneficiaba con prisión domiciliaria a un detenido por un secuestro extorsivo. Ahora, la Sala III de la Cámara de Apelaciones debe decidir si la revoca y envía nuevamente al acusado a la cárcel. "Por más policías o gendarmes que pongamos, si cuando se detiene a los delincuentes pasa esto, estamos ante un riesgo muy grande", dijo Scioli. Al mismo tiempo la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense elevará al presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial el sumario que instruyó en base a irregularidades denunciadas contra el juez en otro caso similar. El beneficiado, Pereyra Duarte, está procesado en una causa por un secuestro extorsivo ocurrido en diciembre del 2007. La víctima fue un ciudadano de nacionalidad sueca que permaneció durante más de 12 horas en cautiverio y finalmente fue liberado luego del pago de un rescate. El presunto secuestrador está bajo custodia policial porque todavía no le pudo ser provista la tobillera electrónica de control. Hace pocos días, Nicolás Schiavo también otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a un gendarme acusado de haber abusado sexualmente de dos mujeres en la estación de Bella Vista. En el pasado mes de julio también otorgó el beneficio a un detenido que un mes después mató a los cuatro integrantes de una familia. Por ese caso fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y podría ser sometido a juicio político.
Pedido de preventiva
La fiscal de Avellaneda, Carla Musitani, pidió el dictado de la prisión preventiva para el joven de 18 años acusado de atropellar y matar a la pequeña de dos años Bianca Carril, el 21 de febrero pasado en la localidad bonaerense de Avellaneda. El pedido fue realizado ante la jueza de Garantías de Avellaneda Estela Mollo, y el joven está acusado de los delitos de "homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves reiteradas en cuatro hechos". Estudios periciales entregados a la fiscal días atrás, demostraron que cuando ocurrió el hecho, el joven había manejado alcoholizado y a más de 90 kilómetros por hora.
El hecho fue en mayo de 2006
El ex directivo de una empresa de colectivos fue condenado hoy a 32 años de prisión tras ser hallado culpable de haber matado a balazos a dos socios y herido a otros cuatro, al irrumpir en una reunión de directorio. La pena fue dictada por el Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín, que halló a Eugenio Vilela culpable de homicidio reiterado en dos oportunidades, tentativa de homicidio reiterada en cuatro oportunidades y portación ilegal de arma de guerra por un hecho ocurrido el 3 mayo de 2006 en el partido de San Miguel. Ese día Vilela entró a la oficina de la empresa y luego de saludar a los presentes en la reunión de directorio, sacó una pistola calibre 9 milímetros y disparó trece veces. Mató a dos ex compañeros de trabajo, dejó heridos a otros cuatro y más tarde se entregó en la comisaría 1ª. El hecho ocurrió en una oficina de la empresa de transportes “Primera de Grand Bourg”, propietaria de las líneas 440, 315 y 740 de San Miguel. Vilela, que fue socio de la empresa hasta diciembre de 2005, asesinó al contador Isaac López Arias y al tesorero, Pablo Galazzo. En tanto, el presidente, Luis Ruggeri, y el vice, Jorge Gerón, quedaron en gravísimo estado. Los otros dos heridos, Juan Rodríguez -hijo de uno de los dueños- y José Laborde -secretario- quedaron fuera de peligro.