Los seis jueces del fuero habían solicitado a principio de mes que se suspensa el ingreso de expedientes en virtud de las malas condiciones edilicias en las que se encontraban trabajando y la falta de personal para atender las cerca de 50 mil causas que habían ingresado a los juzgados entre junio de 2007 y diciembre de 2008.
Los magistrados habían reclamado que cada juzgado contaba solamente con un solo secretario (excepto uno de ellos que tiene dos secretarías), un empleado y un ordenanza que debe ser compartido cada dos tribunales. Además, los empleados deben turnarse para atender la mesa de entradas del fuero.
“Que son de conocimiento de esta Cámara las concretas razones, relativas a la ausencia de la mínima estructura edilicia necesaria y de los elementales recursos humanos imprescindibles, que han llevado a la situación de `colapso` señalada por los señores magistrados de primera instancia que se ha visto paulatina y constantemente agravada”, sostuvo, por unanimidad, la Cámara en su acordada 3/09.
El tribunal dispuso que las causas iniciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúen sorteándose pero suspendiéndose “su trámite, no pudiéndose adoptar decisión de oficio alguna, ni trabar ninguna medida respecto los ejecutados, quedando las actuaciones reservadas en poder de los procuradores fiscales – o donde la AFIP lo determine – hasta que esta Cámara habilite nuevamente su trámite.
Actualmente los seis juzgados funcionan en un edificio prestado por la AFIP, en la calle Defensa 135, al cual la Superintendencia Federal de Bomberos criticó por su estado actual y pidió que se tomen medidas para garantizar la seguridad de las personas que allí trabajan.
La Cámara le pidió al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que “en forma urgente” realice una inspección allí para que “se pronuncie sobre su habilitación para funcionar en las actuales condiciones”. Fuentes judiciales le confiaron a Diariojudicial.com que una inspección culminaría con la clausura del lugar y generaría la parálisis total del trabajo de los juzgados.
Al respecto, los juzgados cuentan con un edificio, en Paraguay 925, que está siendo reformado por el Consejo de la Magistratura pero que viene demorado. El Consejo informó a la Cámara que estaría habilitado para el 23 de mayo pero en su acordada el tribunal destacó que, a partir de visitas que hizo al lugar, que “ese plazo sería de imposible cumplimiento”.
Este martes los seis jueces de Ejecuciones Fiscales y Tributarias (Carlos Folco, Carlos Faggi, Rita Garese, Fernando Sanz De Urquiza, Elías Tapia y Guillermo Galli) le reclamaron al Consejo “la urgente necesidad de contar con el edificio” ya que “la virtual paralización” de los juzgados “es insostenible en el tiempo”.
“La situación actual no sólo significa una grave afectación al adecuado acceso a la justicia garantizando por la Constitución Nacional a todos los ciudadanos, sino también la paralización total del cobro compulsivo de los impuestos federales en el ámbito de la Capital y un seguro incremento en la mora, al sólo hacerse pública la imposibilidad del Estado federal de ejecutar judicialmente sus acreencias”, sostuvieron los magistrados en la carta dirigida al presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos.