La idea es alcanzar unos estándares judiciales comunes en toda Europa para acabar con la impunidad de los autores de abusos y agresiones a menores y asegurar la protección de las víctimas y sus derechos desde diferentes ámbitos (justicia, educación, salud, políticas sociales, asistencia sanitaria, etc).
Durante el discurso de clausura de la conferencia, Purificación Morandeira, subsecretaria del Ministerio de Justicia de España, destacó “la necesidad de alcanzar un marco regulador común para la protección del menor en los procesos civiles y penales, donde se tenga en cuenta la especial sensibilidad y vulnerabilidad de estas víctimas de abusos”. Y para ello solicitó “la implicación de todos los profesionales que atienden a los menores para que su paso por los juzgados no conlleve efectos colaterales negativos”.
Por su parte, Phillipe Boillat, el director general de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, expresó los derechos fundamentales de los niños a no sufrir violencia y, para ello, destacó la necesidad de que se pongan en marcha estrategias y acciones para combatirla.
En este sentido destacó la necesidad de elaborar una serie de líneas directrices “para que los niños reciban la protección adecuada, sobre todo cuando son víctimas de este tipo de violencia”. A ello sumó la disponibilidad por parte del Consejo de Europa a trabajar en el avance y el progreso de los valores humanos, lo que se puede hacer, de una sola manera, que es “trabajando juntos y en la misma dirección”.
A su turno, Eric Ruelle, director de la Misión para la Negociación y la Transposición de Medidas Penales Internacionales del Ministerio de Justicia de Francia, esgrimió la necesidad de que se promocionen y se protejan los derechos del niño, a través del endurecimiento de las penas legales y civiles contra los agresores, y de que se cree un “verdadero espacio de protección” en el Consejo de Europa, que sirva como “guía de nuestras acciones”.
Entre las conclusiones a las que se arribaron en la conferencia, y que forman parte del documento de la conferencia, se consigna que “la cooperación internacional necesita fuertes desarrollos que promuevan el intercambio de información y experiencias para identificar buenas prácticas y cambios de actitudes para combatir la violencia hacia los menores”.
Además, en el contexto del “Convenio del Cibercrimen”, el documento recomienda a los países participantes que obliguen a los proveedores se servicios de Internet a retener el trafico de datos durante un periodo fijo de tiempo, de manera que puedan ayudar así a las investigaciones internacionales bajo supervisión judicial.
Así como, anima a que se habiliten canales de comunicación entre la industria de las nuevas tecnologías y las autoridades públicas para la detección de mensajes y procesos de oferta, distribución o posesión de material pornográfico; y apuesta por la creación de un servicio capaz de detectar las situaciones de explotación y abusos sexuales a través de internet, con el control de los conocidos cibercafés.