El proyecto de la senadora Silvia Giusti (Frente para la Victoria – Chubut) propone que los extranjeros, tanto como personas físicas o jurídicas, no puedan comprar más del 2por ciento “de la superficie total de una provincia” o el 10 por ciento “de una comuna en todo el territorio argentino”. El límite también alcanza a “las personas jurídicas nacionales en las que participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas”, según establece el artículo segundo.
Por otra parte, la iniciativa obliga a los extranjeros que adquieran bienes inmuebles en el país a presentar ante escribano “una declaración jurada de otros bienes inmuebles ubicados en territorio nacional adquiridos con anterioridad”.
Todos los alcances del proyecto son a futuro, según deja especificada la propia iniciativa. La senadora explicó que de lo contrario se “involucrarían derechos adquiridos y podrían dar lugar a pretensiones de expropiación.
“El objetivo de la presente ley no es el de prohibir que los extranjeros inviertan en nuestro país sino que se les ponga límites y condiciones razonables, con el propósito de preservar los recursos de nuestro territorio que servirán como la principal alternativa económica y estratégica en los próximos años”, explica la senadora en los fundamentos del proyecto al que accedió Diariojudicial.com.
El proyecta cita información de la Federación Agraria Argentina según la cual el 10 por ciento de todo el territorio argentino es propiedad de extranjeros. Ese 10 por ciento representa cerca de 270 mil kilómetros. “Hoy en día es muy difícil dimensionar las consecuencias de la extrema extranjerización de las tierras”, razona la senadora, que preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara Alta.
“Es probable que la compra de grandes extensiones de tierra obstaculice el desarrollo comunal en algunas zonas perjudicando la función social de la propiedad, la seguridad nacional y la conservación del patrimonio ambiental”, agrega la legisladora.
La iniciativa destaca que limitaciones como la propuesta existen en otros países como Brasil, donde en cada municipio un extranjero no puede tener más del 25 por ciento de las tierras y al igual que en Guatemala los extranjeros necesitan autorización del Estado para hacer ese tipo de adquisiciones. También hay leyes que ponen un tope en El Salvador, Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Dinamarca, Noruega, entre otros.