Cavallo permanece en prisión preventiva en la ciudad de México desde el 24 de agosto pasado, cuando fue detenido poco antes de que viajara a la Argentina.
Tras comprobar la verdadera identidad de Cavallo, al que se conocía con el nombre de Miguel Angel durante su época en la ESMA, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dictó el procesamiento de Cavallo en un auto que amplía otro del 2 de noviembre de 1999, en el que ya procesó a 98 militares argentinos. Garzón instruye un sumario por delitos contra la Humanidad presuntamente cometidos por la Juntas Militares durante la dictadura entre 1976 y 1983.
En su resolución de hoy, el juez ratifica el auto de prisión incondicional y la orden de internacional de detención, dictada por la Audiencia al día siguiente del arresto de Cavallo, "que se concreta en estos hechos y fundamentos" y que se remitirá a la Justicia de México vía Interpol, "sin perjuicio de formular la petición de extradición en el plazo legal".
El juez recuerda que Cavallo aparece como imputado en el sumario desde el 7 de julio de 1998, aunque con el nombre de Miguel Angel. Garzón explica que en el auto de procesamiento que dictó el pasado 2 de noviembre no pudo incluir a Cavallo "por faltar datos que concretaran la identidad en la petición de las partes acusadoras" que le identificaban como "Miguel Angel", "Serpico" o "Marcelo", aunque recuerda que en dicho auto se dejaba "la puerta abierta para concretar su adopción si se concretan tales hechos". No es hasta el día 28 de agosto, relata Garzón, cuando las acusaciones populares aportan un escrito "completando los datos de identidad" de Cavallo, "cuya falta impidió adoptar la medida de procesamiento". Según el juez, Cavallo integraba el grupo de Tareas en la ESMA, centro clandestino de detención al que se estima implicado en la desaparición de 5.000 personas y en el que los retenidos eran sometidos "a condiciones inhumanas de vida (tormento, torturas, vejaciones, reducción a servidumbre)". Cavallo es además "uno de los pocos oficiales que pasa por todas las áreas represivas de la ESMA, y, por ende, con una posición prevalente en todas y cada una de las acciones allí cometidas". Para Garzón, "aparece acreditado" que Cavallo, "participa presuntamente en forma directa y activa y tiene conocimiento consintiéndolas y coparticipando" en las detenciones, secuestros, "traslados", desapariciones, torturas físicas y síquicas, con reducción a servidumbre, de las personas en la ESMA.
También le considera presunto responsable de la muerte de diferentes personas y reitera que "dado su grado de oficial y la responsabilidad jerárquica que ostenta, así como el cargo que desempeña en el Grupo de Tareas y después en el Area de Inteligencia y en la denominada "Pecera", es claro que participa en todo el sistema de represión, desaparición y eliminación de personas". Asimismo le acusa de los delitos contra la propiedad, allanamientos ilegales y falsedades "que se desarrollan en la ESMA, integradas en el plan superior de represión genocida ideado y patrocinado por las Juntas Militares".
Para imputarle toda esta actividad criminal, Garzón se basa en la quincena de testimonios que ha recogido en su juzgado a lo largo de la instrucción de esta causa, así como en los más de veinte escritos que han llegado a su juzgado por vía consular en los que se asegura que la persona detenida en México es la misma que participó en el secuestro y torturas de familiares.
Uno de estos testimonios es el que prestó hoy la española residente en Buenos Aires Cristina Bárbara Muro, quien relató al juez cómo Cavallo participó en el allanamiento de su domicilio el mismo día en que fue secuestrado su marido Carlos Alberto Chiappolini -el 26 de febrero de 1977-, quien -aseguró- "no sobrevivió más de dos días en la ESMA", donde fue "salvajemente torturado".