Villafuerte Ruzo decretó la falta de mérito para el policía y ordenó su libertad bajo caución, en relación a las imputaciones que se le formularon, las de haber extraído y ocultado armas y un “handy” que, habrían utilizado los asaltantes del Banco Nación en la llamada “masacre de Villa Ramallo”.
Sin embargo, en el mismo fallo, el juez le imputó al policía el delito de encubrimiento, por lo cual el defensor oficial, Héctor Fernández, manifestó que “apelará esta última resolución” y que “ofrecerá pruebas para obtener, en primera instancia y sin perjuicio de la apelación, su sobreseimiento”.
El cabo primero Alberto Castillo, perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue detenido el 11 de agosto de este año. A Castillo se le atribuye participación en los hechos conocidos como la “masacre de Villa Ramallo”, donde un grupo de delincuentes, asaltó el Banco Nación de esa localidad bonaerense. En ese hecho se produjo un tiroteo que terminó con la vida del gerente y el subgerente de la sucursal, que habían sido tomados como rehenes y la de uno de los delincuentes.
Al policía se lo acusa de “formar parte de una organización compuesta por tres o más personas que irrumpieron el 16 de Septiembre del año 1999 y se mantuvieron hasta el día siguiente con armas y explosivos con la finalidad de asaltar la sucursal Villa Ramallo del Banco de la Nación Argentina, agravado por el uso de armas, con privación ilegítima de la libertad, ocultando y haciendo desaparecer varios elementos entre ellos el “handy” y una de las armas de fuego que fueron supuestamente utilizadas por los demás delincuentes que ingresaron al Banco.
El defensor oficial Héctor Hernández señaló que “desde el primer momento el imputado Castillo, alegó su inocencia y no nombró abogado particular, además –prosiguió el defensor— el bolso en cuestión era de su propiedad, comprado hace más de un año, y lo utiliza como todo personal de patrulla”.
Hernández agregó que “el día 18 de este mes, se presentó un primer oficio de nueve fojas, pidiendo la libertad de Castillo. El 23 de agosto se pidió nuevamente la libertad del imputado por sobreseimiento. El 25 de agosto se solicitó al juez un régimen de detención más acorde con las garantías constitucionales y traslado por razones familiares a la Prefectura de San Nicolás. El 28 de agosto se reiteró el pedido, a lo que se hizo lugar y el 29 de este mes el defensor oficial solicitó la inmediata libertad bajo caución”. El juez hizo lugar a este pedido, pero al mismo tiempo “le imputó el delito de encubrimiento”. Hernández, manifestó que “está Defensoría apelará a la última resolución del juez y ofrecerá pruebas para obtener en primera instancia y sin prejuicio de la apelación su sobreseimiento.