La iniciativa propone además que en ninguno de los casos estas personas puedan integrar órganos de gobierno. En las universidades privadas, esto se tomará como “antecedente negativo excluyente” para lograr la autorización provisoria o permanente.
Quienes se hubieran desempeñado en cargos como “rector, vicerrector, o secretarios de universidad nacional y/o provincial, decano y vicedecanos” entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 verán impedido el acceso a las casas de altos estudios.
El objetivo del proyecto es restringir el ingreso a la carrera docente “a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, en cualquier grado y participación, instigación y/o encubrimiento u ocultamiento” durante los más de 7 años de la última dictadura militar.
Tampoco podrán ingresar a dar clases en las universidades aquellas personas que “tengan un proceso judicial abierto, cuando existan pruebas fundadas suficientes de participación en tales delitos en cualquier etapa del proceso judicial”.
La senadora Osuna, titular de la comisión de Educación de la Cámara Alta, subrayó la necesidad de aprobar este proyecto “porque nunca hubo una clara decisión política sobre este tema. No hay un control sobre este tipo de situaciones en las universidades”.
En 2007, el coronel Benito Palomo, que se desempeñaba como tesorero en la Universidad de Concepción del Uruguay (privada), intentó boicotear un homenaje que le hacía la casa de altos estudios al periodista Rodolfo Walsh con el argumento de que se estaba “homenajeando a un terrorista”.
Tras el “incidente”, el militar fue reconocido como represor con legajo 4636 de la Conadep. Había participado junto a Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la dictadura, lo que determinó su salida de la institución.
El artículo 3 del proyecto dispone que “la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación” tengan en cuenta y valoren “como antecedente negativo excluyente si el plantel docente o administrativo” de las casas de estudios “cuenta entre sus miembros con personas” que hayan participado activamente como académicos o en cargos políticos de la dictadura militar.