El proyecto prevé modificar los artículos 71 (inciso f) y 128 bis del Código Electoral Nacional (ley 19.945). La nueva redacción del artículo 71 prohibiría “realizar actos públicos de proselitismo desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo como así también publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde quince días antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo”.
La iniciativa también sugiere, respecto al artículo 128 bis (que se refiere a los “actos de proselitismo” y la “publicación de encuestas y proyecciones”), aumentar de entre 10 mil y 100 mil a entre 50 mil y 500 mil la multa que se impondría a “toda persona física o jurídica que violare las prohibiciones impuestas por el artículo 71 en sus incisos f) y h) de la presente ley”.
Para sustentar la prohibición de publicar encuestas desde quince días antes de las elecciones, Cabanchik indicó que “tal como ha sucedido en repetidas elecciones pasadas, lo que predicen las encuestas de opinión realizadas sobre la base de supuestas muestras del universo de votantes no se conforma, en un número crítico de casos, con el resultado efectivo del acto eleccionario”.
El proyecto de reforma “no pretende negar la cientificidad estadística que pueden tener las encuestas sino regular la posibilidad de distorsión informativa que ello implica en relación con el acto electoral”.
El senador por la Coalición Cívica (con mandato hasta 2013) enfatizó que “la sensibilidad de la información que las encuestas electorales de opinión comporta, indica el cuidado extremo que hay que tener con ellas, en particular por el hecho de que no son en sí mismas una opinión más, sino un procedimiento científico que intenta reflejar la opinión del universo de votantes”.
“En ese sentido, cuando en los hechos vemos que lo que ellas predicen no se condice con los resultados electorales efectivos, al tiempo que en su diversidad encontramos predicciones absolutamente dispares entre sí, tal distorsión abre la posibilidad de manipulaciones políticas de los recursos científicos públicamente por políticos de diferentes partidos y por la sociedad en su conjunto”, sostuvo Cabanchik.