Se aprobó la modificación de gravámenes de los productos tecnológicos e informáticos, la conocida ley del “impuestazo electrónico”. Por otro lado, también se aprobó una ley que modifica a la 22.192, de modo de permitir a los legisladores que puedan ejercer la profesión en forma privada y por último también se aprobó la incorporación al régimen jubilatorio especial de los docentes universitarios nacionales.
En cambio, quedó fuera de tratamiento la iniciativa que ya posee media sanción en general pero que espera por el tratamiento de alguno de sus artículos en particular para poder ser girado a la Cámara de Senadores. Se trata del proyecto que busca inhabilitar a ejercer cargos públicos a quienes estén implicados en delitos de lesa humanidad.
Tal como anticipó Diariojudicial.com, la ley del impuestazo electrónico tuvo su media sanción. La propuesta modifica la ley de impuestos internos y establece un aumento del IVA a productos tecnológicos y de informática encareciendo así estos productos que se consideran “suntuarios”. La media sanción llegó a través de 163 votos a favor, 61 votos en contra y 18 abstenciones.
Por otra parte, se votó la modificación de la ley 22.192 en lo referente al ejercicio de la abogacía de forma privada por parte de los legisladores. Con 203 votos a favor y sólo dos abstenciones, se le dio media sanción a la iniciativa. Concretamente busca romper con “un régimen diferencial entre aquellos profesionales del derecho que ostentan la calidad de legisladores nacionales que realizan sus funciones profesionales en la Justicia Federal de la Capital Federal y los que la ejercían (antes de ser designados legisladores) en los ámbitos jurisdiccionales federales del resto del país”.
Las modificaciones, que ahora deberán ser tratadas en el Senado, responden a la necesidad de cambiar el hecho de que “los profesionales sólo pudieran ejercer su profesión en la justicia federal de la Capital Federal”, lo que “ socava el federalismo argentino, concentrando el acceso al derecho y a la justicia sólo en un ámbito territorial y no garantizando los derechos del resto de los ciudadanos que conforman el territorio y, que se merecen ser defendidos en sus jurisdicciones federales por aquellos abogados a quienes inicialmente les confirieron tal mandato y que en casos particulares, de la capacidad y experiencia del profesional, dependerá que los resultados no sean adversos a sus clientes”, según se alegó a favor de la propuesta.
Además se aprobó la ampliación del régimen especial creado por la ley 24.016, para que sus beneficios también puedan ser percibidos por los docentes universitarios nacionales. La aprobación se realizó con 198 votos a favor y ninguna abstención, ni negativa. Con la reforma se estipula que la edad de jubilación es para las mujeres a los 60 años y para los hombres a los 65, con una posibilidad de extenderlo a los 70.
También, se aprobó la emergencia agropecuaria con la consecuente creación de un fondo de Emergencia Agropecuario de 500 millones de pesos anuales y la creación de una Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria dependiente de la Secretaria de Agricultura. Del dinero destinado a los fondos, lo que no sea utilizado deberá ser destinado a un fondo especial de prevención. Además la comisión tendrá la facultad de aumentar los valores destinados a la ayuda en caso que sea necesario ante desastres naturales. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por los 218 legisladores que dieron el quórum para sesionar y votaron en consecuencia.
En la sesión también asumió como diputado nacional, el secretario general de la U.E.J.N, Julio Piumato que ocupó la banca vacía de Jorge Coscia tras su renuncia para ser Secretario de Cultura.