“Que la voz de todos y todas pueda ser escuchada”, definió la primera mandataria el espíritu del proyecto. En el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, señaló que “esta ley pone a prueba a la democracia argentina y a nuestro Parlamento”. El texto que se pretende revertir (ley 22.285) data de la última dictadura militar.
DiarioJudicial.com consultó al gerente y coordinador general del programa Bicentenario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Rodolfo Hermida, que sostuvo que “con esta ley el público deja de ser espectador para ser ciudadano participante”.
“La televisión no solo será entretenimiento sino que podrá ofrecer servicios a la comunidad”, resaltó Hermida, que añadió que podrá haber canales de sindicatos, ONG’s, que aporten “sentido social” a la TV.
En ese sentido, comentó la posibilidad de abrir un canal para el Incaa, que pueda exhibir películas de cine nacional y otros contenidos. Hermida además festejó la presentación de la ley, que podría general la apertura de nuevos canales y, por consiguiente, nuevos empleos para estudiantes y graduados de carreras audiovisuales. Calculó que se podrían generar unos 30 o 35 mil puestos de trabajo.
El Incaa participó en la elaboración del proyecto de ley y además fue parte de los 24 foros en todo el país para la discusión de la ley que propició el Comfer. De esos foros, participaron unas 12.000 personas.
Con respecto al tratamiento por parte de ambas cámaras, Hermida expresó: “Espero que los legisladores sepan entender. Ojala no piensen que esta es una ley oficialista, porque esta ley, trasciende a eso, es en beneficio de todos los ciudadanos”.
Por su parte, en diálogo con DiarioJudicial.com, el senador Samuel Cabanchik (ex CC) dijo, al debatir el proyecto en la Cámara Alta, que no trabajaría ni para el Gobierno ni para las empresas multimedia. “No voy a trabajar para nadie, sino en función del bien común”, indicó.
En el acto de hoy y en uno de los tramos más aplaudidos por el público, Fernández de Kirchner sentenció: “la libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión”. Definió que “el derecho a la información significa el derecho a toda la información sin ocultamiento de una parte, sin distorsión ni manipulación de esa información”.
“Con esta ley venimos a garantizar la pluralidad informativa, venimos defender que todas las voces sean escuchadas, las que nos gustan y las que no nos gustan; con esta ley venimos a dar un salto en la calidad institucional que no es de forma, sino con contenidos concretos como se debe hacer”, enfatizó la Presidenta.
Ante decenas de periodistas nacionales y extranjeros, enfatizó que “este proyecto no es de un gobierno, no es de un partido, es de todos los argentinos y es de la sociedad y es en nombre también de los 118 periodistas detenidos-desparecidos en la dictadura que con su vida dieron testimonio del verdadero ejercicio de la libertad de prensa”.
La presentación del proyecto, a casi noventa años de la primera transmisión radiofónica, fue acompañada por una multitud que aguardaba en la Plaza de Mayo y que, tras las palabras de la Presidenta, marchó al Congreso para “acompañar” a la ley.
Fernández de Kirchner ya había presentado el proyecto el 18 de marzo pasado en el Teatro Argentino de La Plata. Luego, el Gobierno abrió un plazo para que la ley fuera debatida por la sociedad. En estos meses, se crearon 24 foros en el país que introdujeron modificaciones a la ley, por lo cual el texto remitido hoy al Congreso es diferente de aquel presentado en marzo.
El oficialismo confía en aprobar la ley (previo tratamiento en Diputados y Senado) antes del recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, en el que el kirchnerismo perdería la mayoría propia.
El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, exhortó hoy a los legisladores a darle prioridad al texto y señaló: “Estemos atentos para que nuestros representantes debatan con profundidad, con claridad, con convicción”.
La presidenta explicó hoy que “con esta ley un tercio será destinado a lo comercial, otro tercio será para lo público y el restante para las ONGs, universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales que podrán acceder también a frecuencias y hacer conocer su voz”.