El proyecto, que data del 2008, proviene de sectores opositores del kirchnerismo, aunque cuenta con el apoyo de diputados de ese bloque, como así también de otros de la centroizquierda.
El mencionado, es un subsistema no contributivo dependiente de la ANSES, que se crea mediante la modificación de la ley 24.714 y “tendrá como beneficiario a toda persona que tuviere a su cargo, en razón de su parentesco, guarda o tutela, niños o niñas menores de 18 años de edad con residencia permanente en la República Argentina y no preste servicios remunerados en relación de dependencia” o que su empleo no se encuentre debidamente registrado y contempla el pago de un incentivo educacional que triplica la actual.
Uno de los principales puntos de la iniciativa es el financiamiento de estos subsidios. En este sentido prevé que el sector financiero, al estar totalmente exento de impuestos, sea quien mediante la ampliación del concepto de ganancias financie el Sistema Solidario.
“La renta financiera, obtenida merced a operaciones puramente especulativas dentro del mercado de capitales, está totalmente exenta del pago de impuestos a las ganancias en nuestro país” por lo que, la ampliación, sería “un acto de estricta justicia tributaria” y “un importante flujo de recursos para que el Estado aborde con eficacia parte de la deuda social que contrajo durante los años de hegemonía de las políticas de desguace de nuestro patrimonio y de total ausencia de su responsabilidad social”.
Tal ampliación se logra con la modificación del artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 en donde se incluye en el concepto de ganancia “todos los beneficios obtenidos en operaciones de compraventa de empresas a través de sus paquetes accionarios y venta de cuota-partes sociales”, así como también, “los incrementos patrimoniales originados en la compraventa de empresas, ya sea a través de transferencias onerosas de paquetes accionarios, de cuotas sociales y/o de cualquier otro tipo de transferencia onerosa de activos”.
“Revertir las consecuencias de las injusticias sociales en la educación es uno de los desafíos que nos proponemos con este proyecto” expresan entre sus fundamentos los diputados adherentes al proyecto y agregan que “la transferencia de recursos económicos mediante políticas universales son generadoras de igualdad de oportunidades aumentando la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes crezcan, se eduquen y concreten su potencial como ciudadanos íntegros”.
Se estima que el costo del Sistema sería de unos quince mil millones de pesos al año, de los cuales, la mitad, estaría cubierta financieramente sólo por las retenciones deducibles que se proponen sobre las ganancias de la renta financiera. Aunque recuerdan que “las exenciones que proponemos derogar tienen origen en medidas tomadas durante nuestro pasado reciente; cimiento y origen de un sistema tributario absolutamente injusto, que entre otras razones, tuvo como consecuencia una crisis social sin precedentes”.
El proyecto será tratado en Presupuesto y Hacienda aunque también lo harán las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y Legislación del Trabajo. Aunque por ahora no está previsto su tratamiento, desde el oficialismo se busca que sea tratado antes de fin de año.