El texto, presentado en abril de 2008, ya fue girado a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (cabecera); Justicia y Asuntos Penales y Legislación General pero aún no se emitió ningún dictamen. En diálogo con DiarioJudicial.com, Cabanchik alegó esa falta legislativa a que “las comisiones (del Senado) funcionan de acuerdo al Ejecutivo” y porque “los legisladores oficialistas son soldados del Gobierno”.
Consultado con respecto al motivo de la insistencia en este proyecto, Cabanchik enfatizó que “el manejo de la publicidad oficial es escandaloso” y se refirió a los últimos datos sobre los gastos gubernamentales, dados a conocer por la Fundación Poder Ciudadano.
Esa Fundación comprobó que entre enero y junio pasados el Poder Ejecutivo invirtió algo más de 622 millones de pesos para dar a conocer la gestión (unos 3,4 millones diarios), contra 181 millones de pesos que había gastado en igual período del año anterior. La pauta oficial tuvo un aumento de 243 por ciento.
El texto presentado por Cabanchik un año y medio atrás señaló que la Administración Pública tiene la obligación de difundir (por medio de la publicidad) “toda aquella información que no tenga carácter secreto o reservado, otorgando transparencia a sus decisiones y a su gestión”.
“De aquí se concluye –indicó la iniciativa- que la publicidad no puede quedar jamás reservada a la voluntad discrecional de quienes ocupan cargos públicos, sino que corresponde al Poder Legislativo establecer los criterios y los objetivos que debe cumplir para satisfacer el bien común”.
El senador por la Ciudad de Buenos Aires consideró que por los cambios económicos, políticos, culturales o tecnológicos que experimentó la sociedad, hoy día las publicaciones oficiales (boletines oficiales y municipales) resultan insuficientes y por eso “se hace necesaria la utilización de los medios masivos de comunicación”.
Cabanchik añadió que “en nuestro país, las diferentes etapas vinculadas a la producción, asignación, contratación y control -así como los organismos encargados de llevarlas a cabo- no cuentan con regulaciones claras y adecuadas en el ámbito nacional, provincial y local. Por el contrario, muchas veces estos mecanismos se delinean de manera informal según la voluntad de los distintos funcionarios a cargo”.
El texto citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo” en el que el Máximo Tribunal resolvió que no era lícito privar de publicidad oficial a un diario cuando difunda una noticia contraria al Gobierno.
En ese fallo, que contó con una mayoría de cuatro jueces, los supremos dijeron: “El Estado tiene libertad para asignar los recursos, pero no puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión”.
El texto, suscripto también por los senadores María Eugenia Estensoro, Rubén Giustiniani, Carlos Rossi y Ernesto Sanz, hizo mención de una publicación nominada “Una Censura Sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina”, a cargo de la Asociación por los Derechos Civiles, en conjunto con la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.