Irlanda sometió el tratado a un plebiscito el viernes pasado y hoy se conoce que triunfó el sí por un porcentaje del 67, 1 %, mientras que la participación en la consulta fue del 58 % de la población electoral.
ero las condiciones de crisis económica actual hicieron que se repiense el detener el avance de la Unión. Aunque no deja de ser sorprendente que se repita el referéndum cuando el pueblo de Irlanda ya se manifestó negativamente hace un año.
En esta ocasión los partidarios del sí hicieron un mayor esfuerzo por lograr el apoyo popular, en particular el gobierno y algunas empresas cuyo crecimiento depende del progreso de la integración.
La nueva prueba de fuego a la que se enfrenta la Unión Europea es la de lograr la ratificación del Tratado de Lisboa por parte de todos los Estados Miembros. Es paradójico pero verdadero, poco más de cuatro millones de personas, la población de Irlanda, podían detener a más de quinientos millones, la de la Unión Europea. La ordalía jurídica en cuestión se presenta especialmente dirimente frente al fracaso en el 2005 de la Constitución Europea, que aun está muy fresco en la memoria institucional de la Unión.
El Tratado de Lisboa es una forma solapada de reintentar reorganizar la Unión Europea adoptando gran parte de lo que se disponía en el Tratado Constitucional rechazado. Es decir, se prefiere resignar el nombre “Constitución” con su significado simbólico y tener el mismo o casi el mismo contenido normativo por la vía de un Tratado.
Esta norma supranacional es fundamental para reorganizar las competencias de la Unión Europea e incrementar la sesión de soberanía de los Estados. El obstáculo que subsiste para su vigencia consiste en que aun resta su ratificación por dos países: República Checa y Polonia.
La república Checa representa un problema especial, pues la norma internacional ya fue ratificada por el parlamento con la mayoría cualificada exigida de tres quintos, pero resta la firma por el presidente de la república, Vaclav Klaus, quien es un reconocido “euroescéptico”.
En ese país la situación es aun más compleja, pues un grupo de senadores checos presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Tratado, lo cual parece una medida dilatoria, pues ese tribunal ya resolvió, el año pasado, un recurso similar afirmando la constitucionalidad del tratado de Lisboa (Sentencia 19/08). Esta maniobra trasluce su naturaleza política frente a que el propio Tribunal Constitucional ya manifestó el carácter de “rei iudicatae” que implicó su decisión anterior sobre la constitucionalidad del tratado (cf. cons. 78). Aunque el análisis realizado por el Tribunal Constitucional se limitó a los puntos concretos sometidos a objeción por el recurso, su estudio incluyó la correspondencia entre los derechos fundamentales recogidos en el tratado y los previstos en la Constitución Checa considerando que existía compatibilidad entre ambas fuentes normativas (cons. 209).
Para empeorar la situación, la actitud del poder ejecutivo checo es la de obstruir el tratado, pues aun cuando el parlamento ya lo aprobó, todavía no lo ha firmado, requisito necesario para su ratificación definitiva.
El texto también está pendiente de la ratificación por Polonia, cuyo presidente, Lech Kaczynski, no lo ha firmado pese a que ya fue ratificado por el Parlamento, órgano que lo viene urgiendo a firmar desde el año pasado. Sin embargo, el motivo de esta omisión era el no irlandés anterior y la espera por el nuevo resultado.
Para colmo de males, ha trascendido que el líder de los conservadores británicos, David Cameron, le dirigió una carta al presidente checo para que se oponga a la ratificación del tratado hasta las elecciones en Gran Bretaña, para que los tories puedan someter al tratado a un referéndum con el fin de que sea rechazado. Lo extraño es que ese país ya ratificó el tratado en forma definitiva. Por suerte, la victoria del sí en Irlanda, le da un respiro al Primer Ministro Británico.
La postura de la oposición se manifiesta como si se tratara de un problema doméstico por los reparos que puede merecer el gobierno de Gordon Brown, y no de un compromiso internacional asumido por Gran Bretaña.
La dificultad que implica la necesidad de unanimidad para la vigencia del tratado se ve incrementada por las operaciones de los gobiernos de estos Estados miembros, de tal forma que parece que las pujas del poder político interno pueden prevalecer por sobre los intereses económicos, sociales y jurídicos que han impulsado la Unión Europea a un lugar central en la geopolítica del siglo XXI.
En definitiva, la puja se presenta entre los rescoldos psicológicos del viejo nacionalismo, utilizados para ganar algún voto en las elecciones nacionales, y el avance hacia una forma de supranacionalidad e integración cada vez parecida a un estado federal.
Quién ganará en esta ordalía depende del estado de ánimo y la relación entre el pueblo y el gobierno de turno y los efectos de la crisis internacional, que parecen ser más determinantes que lo que las razones del progreso pueden comprender.
Hoy por hoy, Irlanda significa un paso adelante y permite cierto optimismo de resultados.