“Nosotros en el `94 llevamos a la Constituyente Nacional una iniciativa de incorporar a los trabajadores judiciales y a representantes de la comunidad en esos Consejos. Ahí no nos fue bien, pero la idea quedó instalada”, sostiene Víctor Mendibil, nuevo secretario general de la FJA, que nucela a los empleados judiciales de todo el país.
En la reforma constitucional de 1994 se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, que comenzó a funcionar cuatro años después con las funciones centrales de seleccionar y acusar a los jueces por mal desempeño. El cuerpo estaba integrado por 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro diputados, cuatro senadores, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes de las universidades.
Los empleados judiciales tampoco fueron tenidos en cuenta a fines de 20006 cuando a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner se redujo a 13 los integrantes del Consejo. La reforma fue polémica porque desde la Justicia y la oposición se acusó al Gobierno de querer dominar a los jueces ya que tendrían mayoría en el poder de veto de las decisiones principales del cuerpo.
“Hoy seguimos sosteniendo la iniciativa y logramos que en la provincia de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos, con diferencias, pero empezara a prender la cosa”, afirma Mendibil.
Los Consejos de las Magistraturas de esas tres provincias tienen una importante participación popular, no solo de representantes de los empleados judiciales.
El artículo 187 de la Constitución de Chubut establece que el Consejo se integra con “el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro abogados de la matrícula con una antiguedad en el título no inferior a diez años, un empleado no abogado del Poder Judicial con por lo menos diez años de antiguedad en el mismo y cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado, en todos los supuestos con no menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia”.
En el caso de Santa Cruz el Consejo está integrado por 11 miembros, uno de cada una de los siguientes estamentos: el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, juez, empleado, abogado y ciudadano.
En Entre Ríos en el Consejo hay un empleado judicial y “Dos representante de la Organizaciones Sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial y cuyo objeto social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno”.
También se integra con el secretario de Justicia de la provincia, dos abogados, dos jueces y tres profesores universitarios.
“Hay que habilitar un debate sobre la selección y destitución de los jueces y también los elementos a tener en cuenta en la selección de los magistrados. No sólo tener en cuenta lo académico o de quién es amigo o de qué partido político es el candidato, sino si es el mejor vecino, el más honesto, es el más comprometido con los derechos humanos y es el que tiene más instalados los principios democráticos que son la garantía de un juez independiente”, apunta Mendibil.
“Esto sería un salto muy importante y sería democratizar la justicia”, opina.
La oposición política anunció que tras el recambio de legisladores nacionales del próximo 10 de diciembre buscará reformar una serie de leyes aprobadas durante en los últimos años. Entre ellas, la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación. Será momento en el que la participación de los empleados judiciales en el cuerpo se vuelva a dar.