Producto de un convenio entre la Procuración General y el ministerio de justicia bonaerense se crearon dos nuevas fiscalías en la provincia de Buenos Aires. Estas, investigarán los delitos contra el transporte de carga y tendrán jurisdicción en los corredores de las rutas 8 y 9 y zona de influencia (departamentos judiciales de San Martín y Zárate – Campana). En este marco, el Ministerio Público designó un ayudante fiscal por cada departamento judicial con su correspondiente equipo de empleados, técnicos y funcionarios y el ministerio de Justicia aportó el equipamiento técnico e informático necesario. Durante la presentación de estas nuevas fiscalías, llevada a cabo el último viernes en los tribunales de San Martín, María del Carmen Falbo, procuradora general de la corte bonaerense explicó que se tuvo en cuenta “que esta modalidad delictiva supera los límites jurisdiccionales, policiales y judiciales y que los métodos investigativos hasta el momento no han dado el resultado esperado”. Además concurrieron, Ricardo Casal, Ministro de Justicia bonaerense y los fiscales generales de Zárate-Campana, Liliana Maero, y de San Martín, Marcelo Lapargo. Esta herramienta de investigación surgió ante un reclamo de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC), entidad que nuclear a los transportistas, y que mostró su preocupación debido a los aumentos en los delitos mediante esta modalidad, un diez por ciento en todo el país. Siendo el territorio de la provincia de Buenos Aires el lugar en donde se concentran la mayoría de los casos, un sesenta por ciento.
Para imputados por delitos cometidos en el centro clandestino “Mansión Seré”
El titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, Daniel Rafecas, ordenó 10 nuevos procesamientos a ex militares o policías acusados de delitos de lesa humanidad. En una resolución firmada el jueves pero dada a conocer este lunes, Rafecas procesó a Miguel Angel Ossés (segundo de la Fuerza Aérea, por debajo de Orlando Ramón Agosti) por un centenar de secuestros y torturas y dos homicidios y a los brigadieres mayores de la Fuerza Aérea y máximos responsables en la “Subzona 16” Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, por unos sesenta secuestros y torturas. Además, el magistrado procesó con prisión preventiva como integrantes de la denominada “patota” que actuaba en el centro clandestino Mansión Seré a los cabos primeros Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, y al suboficial auxiliar Carlos Alfredo Cámara. Rafecas también procesó a Alberto Oscar Lanas, comisario a cargo de la Seccional de Haedo, como “cómplice primario” por la privación de la libertad de doce personas que permanecieron en la dependencia policial, y a su sucesor Néstor Rubén Oubiña, a quien el juez responsabilizó por la privación de la libertad de diez personas y la aplicación de torturas a una de ellas. Felipe Ramón Sosa, suboficial de la bonaerense, y Héctor Oscar Seisdedos, cabo y luego agente de la Fuerza Aérea fueron procesados por la privación ilegal de la libertad de más de veinte personas detenidas en la Comisaría de Castelar y la aplicación de tormentos la mayoría de ellos. En tanto, en la misma resolución, el juez dejó constancia de la acreditación, a partir de la prueba producida en la causa, de que el comodoro (fallecido) Juan Carlos Hrubik, alias “Hugo” o “Huguito”, era el jefe del centro clandestino Mansión Seré.
Se cayó en la iglesia y pidió una indemnización
La Municipalidad mendocina de Godoy Cruz deberá indemnizar con más de 20.000 pesos a una mujer por las lesiones que sufrió al caer mientras salía de unos baños químicos, cuando asistió a la iglesia de San Cayetano. La medida fue adoptada por la jueza Civil, Comercial y de Minas Marina Isuani, quien condenó al Municipio a pagar 23.143,24 pesos más los intereses por los daños que sufrió María Raquel Contreras el 7 de agosto de 2006. Según relata el fallo, el accidente ocurrió cuando la mujer asistió a la misa que se celebraba en la iglesia de San Cayetano, y en momentos de salir de uno e los baños químicos instalados en el lugar, tropezó cayendo al piso. La demandante atribuyó el accidente a que los baños químicos se encontraban en desnivel, colocados sobre tacos de madera y en un lugar inadecuado.
Elevan los cargos que deben capacitarse obligatoriamente en la defensa oficial
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, extendió la obligación de capacitarse hasta el cargo de jefe de despacho inclusive, sean interinos o efectivos, que no cuenten con el título de abogado o bachiller en derecho. Hasta ahora la capacitación sólo era obligatoria hasta el cargo de escribiente auxiliar. “Con la práctica se advirtió que para la optimización del servicio de defensa pública, resultaba necesario incorporar nociones estructurales y de relevancia institucional, así como los principales lineamientos constitucionales, penales, civiles y procesales en el resto del personal”, explicó la Defensora General en la resolución 1199/09. “Dicha capacitación tendrá carácter vinculante para las promociones futuras, por lo que, una vez concluidos los cursos, se dejará constancia en el legajo personal de cada participante”, agregó.