La Comisión provincial por la memoria solicitó una entrevista por el atraso que sufren algunos tribunales cuando tienen que afrontar nuevos juicios por delitos de lesa humanidad. El pedido se basaba principalmente en la auditoria que dispuso el Consejo en el TOF nº1 de La Plata, protagonista de los juicios contra Echecolatz y Von Wernich, y donde se encuentran causas como “Comisaría 5” y “Brigada de Investigaciones”
Para el presidente de la comisión provincial, Hugo Cañon, la sobrecarga de trabajo “traba y dificulta los juicios de lesa humanidad”. Para lo cual aconsejaron cuestiones como redistribuir las causas, cuestión que también el organismo había solicitado a la comisión interpoderes, o la suspensión de las causas hasta que haya un avance de los juicios.
En respuesta a estos planteos, la presidente de la Comisión de Acusación, Diana Conti, expresó que la auditoría se debía a que “sus mismos integrantes motivaron la intervención” ya que hay “desavenencias internas”. Las auditorias se realizan porque “buscamos una solución conjunta de la relación entre los miembros del tribunal, lo que dificulta la tarea operativa del tribunal”, dijo. Además sostuvo que el inconveniente tiene que ver con que existen denuncias entrecruzadas entre los magistrados del tribunal. Agregando que dentro de 10 días culminaría la auditoría.
En otro orden de cosas, el jefe de auditores del Consejo, Jorge Meydac, puso a disposición del Consejo las actuaciones con respecto a Alberto Pravia y expresó que “surgen elementos que pueden motivar una denuncia penal”, lo que se llevaría a cabo la semana que viene.
Con respecto al juez Federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, quién posee casi 40 expedientes por su presunto desempeño irregular como magistrado, el Consejo desestimó el pedido de jury en su contra en una votación muy apretada. No obstante deberá ser el plenario del Consejo el encargado de tomar una decisión definitiva.
En la votación, Conti, el senador Nicolás Fernández y el representante del Gobierno Héctor Masquelet votaron a favor de un dictamen que no se encuentra escrito en su totalidad pero que la diputada y presidenta de la comisión describió durante la reunión.
El senador Ernesto Sanz, impulsor del dictamen acusatorio, y los consejeros Mariano Candioti y Santiago Montaña votaron favor de iniciar el proceso de juicio político. Debido al empate, Conti, como presidenta de la comisión, debió desempatar los votos y decidió por el NO.
El momento de mayor tensión se dio mientras los integrantes de la comisión argumentaban a favor o en contra de uno u otro dictamen. En primer lugar, Conti expresó que la Cámara Federal “jamás ha girado una denuncia per se contra Faggionatto”. Además explicó que ni en sede penal surge que esté involucrado en una asociación ilícita entre el magistrado, el estudio de abogados y los policías bonaerenses. En cuanto a las demoras en 18 causas, Conti hizo hincapiés en que esas son causas sin detenidos en donde Faggionato expresó el colapso en que se encontraba el juzgado.
Culminando su alocución, en la que en todo momento se dirigió hacía Sanz, la diputada sostuvo que “el dictamen acusatorio no resistiría un jury”. A lo que el senador respondió mediante un discurso que se encendía a medida que pasaba el tiempo, “no ha habido un caso igual al de señor Faggionato en el que recaen la más calidad y calidad de denuncias efectuadas desde distintos niveles”.
Redoblando la apuesta expresó que “empezó a zafar (Faggionato) de esta causa el día que lo citó a (Francisco) De Narváez en medio de la campaña electoral” ya que “cuando la política se empezó a meter en esta causa yo también me empecé a dar cuenta que iba a ser muy difícil encontrar el camino de la acusación”. A lo que le Conti le replicó “hable un poquito más con De Narváez así se ilustra”.
Fernández intentó calmar un poco las aguas al igual que Candioti. Ambos hicieron hincapié en el papel técnico del organismo. “Estamos haciendo valoraciones políticas pero somos un cuerpo técnico” sostuvo Fernández.
Ahora el plenario del Consejo deberá ratificar o revocar la decisión, ya que Montaña pidió que se eleven dos dictámenes, uno por mayoría y uno por minoría, por lo que el plenario tendría que alcanzar una mayoría calificada, esto es los dos tercios de los consejeros, para modificar la decisión de la comisión y enviar a juicio político al magistrado.