La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) apoyó este jueves el reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Poder Judicial cuente con autarquía financiera para disponer libremente de su propio presupuesto. A través de un comunicado, AMFJN sostuvo que “comparte plenamente y apoya enfáticamente” el reclamo del Máximo Tribunal. También solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso que “aprecien que sin autonomía presupuestaria no puede existir política judicial alguna ni se puede asegurar la Independencia Judicial, lo que resulta imprescindible en un sistema democrático de gobierno”.
Hay que extremar los recaudos (ver fallo)
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia pidió a los jueces inferiores, en el marco de un conflicto por competencias entre los juzgados federales de Rawson y de Comodoro Rivadavia, que “extreme los recaudos a efectos de otorgar preeminencia y celeridad a la presente investigación, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia mediante acordada 42/08”. Así lo decidieron Hebe Corchuelo de Huberman, Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, quienes explicaron que mientras las actuaciones permanecieron en manos del juez de Rawson no se convocó a prestar declaración testimonial a las víctimas ni a sus familiares. Además destacaron que “se ha incumplido” con la norma que estipula que las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, la que será continuada por el tribunal que primero conoció en la causa. “De allí que recomendaremos al Juez Federal de la ciudad de Rawson que para el futuro, y ante casos similares, adecue su proceder al precepto legal citado a fin de evitar demoras innecesarias en la tramitación de las causas”. Finalmente la cámara reconoció la competencia de los juzgados de Comodoro Rivadavia para entender en un proceso donde se investiga la imposición de torturas en el centro clandestino de detención que habría funcionado en el Regimiento de Infantería 8 de General O’Higgins.
Fiscales denuncian a su jefe, mientras que un juez es destituido
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió destituir al juez civil y comercial Nº 6 de Mercedes, Rogelio Lorenzo Massón, debido a una “inhabilidad mental” para ejercer dicho cargo. En agosto de 2007, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) - Departamental Mercedes- había denunciado públicamente al magistrado porque “presionaba psicológicamente al personal a su cargo y lo sometía a una violencia laboral sistemática”. De acuerdo a lo establecido en el fallo del jurado de enjuiciamiento, el examen psiquiátrico realizado permite concluir que padece de un trastorno bipolar tipo II, actualmente descompensado, que le imposibilita realizar la función de juez. Por otra parte, once fiscales pertenecientes al departamento judicial de San isidro denunciaron al fiscal general Julio Novo. La presentación fue presuntamente por “violencia laboral”. El pedido fue presentado la Procuración bonaerense y se denuncia “mala administración de recursos humanos, derivación de causas y enroques de fiscales”.
Alak comenzó reuniones por radarización
El presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Villada, se reunió con el ministro de justicia de la nación, Julio Alak, en dicha cartera, donde le transmitió la problemática que tienen en la provincia por la falta de radarización para controlar los vuelos que transportan sustancias ilegales. Tras la reunión, en la que también participó el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, el camarista Villada calificó de “altamente positivo” el diálogo con el ministro Alak, quien se comprometió a viajar a la zona el mes próximo. “Creo que las inquietudes que trajimos van a ser satisfechas, porque el ministro ha mostrado una amplia comprensión y un amplio conocimiento del tema y prometió visitarnos muy pronto para avanzar en la coordinación de las acciones y las operaciones necesarias”, dijo Villada, según un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia. Semanas atrás, y por pedido de la Cámara Federal de Salta, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Gobierno Nacional la intervención para poder radarizar la zona de frontera y así controlar los vuelos ilegales que trafican drogas. Por su parte, Alak celebró el plan conjunto de control fronterizo que desde el Ministerio impulsan junto con Bolivia y Paraguay.