“En particular sobre este último aspecto se había expresado desde el Poder Ejecutivo local que, teniendo en cuenta esta oportunidad histórica que presentaba la Ciudad de tener su propia fuerza de seguridad , la misma debía ser moderna, de proximidad, alejada de los vicios y prácticas de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, profesionalizada y controlada”, recordó la Defensoría.
Aunque consideró que varios decretos que reglamentan la Ley de Seguridad, entre ellos los números 210/09, 520/09 y 607/09, “no parecen respetar la impronta que se le quería asignar de forma consensuada a la Policía Metropolitana”.
Concretamente sobre el decreto 210/09, la Defensoría advirtió contradice lo fijado en la Ley 2894, en su artículo 47 que establece que “no pueden desempeñarse como miembros de la Policía Metropolitana..Quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas”.
Por dicho decreto “el Gobierno de la Ciudad adoptó la decisión de incorporar personal proveniente de las fuerzas militares en los mandos medios de la futura Policía Metropolitana”, alertaron.
“Además de que estaría afectada la legalidad de dicho Decreto, con esta medida se habilita una impronta policial alejada de la idea original y de las leyes que regulan la actividad militar, por un lado, y de seguridad interior, por el otro”, sostuvo el organismo.
Otra de las cosas que critican es el decreto 520/09, del 9 de junio de este año, a raíz del cual“se permitió al personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, ingresar sin haber terminado el secundario completo, estableciendo un plazo de tres años, con posibilidad de extenderlo dos años más, para terminar dichos estudios”.
Nuevamente, la Defensoría recurrió a la Ley 2894 (artículo 46), la cual preveía “como requisito para ser miembro de la Policía Metropolitana tener los estudios secundarios completos”.
“La necesidad de profesionalizar y jerarquizar la tarea de todos los agentes del Estado resulta ineludible e imprescindible. En particular, en virtud de los antecedentes de irregularidades en el proceder policial que esta Defensoría del Pueblo puede corroborar estadísticamente con las denuncias recibidas desde su creación, es aún más imperiosa la profesionalización de las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo la seguridad de los habitantes de la Ciudad”, afirmó la Defensoría en una resolución de 11 carillas.
Además, hizo hincapié en que justamente se exceptúa “a los miembros de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, que son justamente aquellas que por sus vicios y prácticas son a diario cuestionadas por la sociedad”. “Es preocupante que sea a ellos a quienes se exceptúe de contar con los estudios secundarios completos, cuando en realidad -por integrar la nueva fuerza sin realizar toda la formación del Instituto de Seguridad Metropolitana- deberían ser los profesionales mejor capacitados, más destacados y de mayor calidad”, añadió.
“Las conquistas alcanzadas en la Ciudad en materia de seguridad y derechos humanos deben ser garantizadas”, concluyó la Defensoría.