"La falta de presupuesto no es la causa determinante de los atrasos"

Como si fuera una alegoría a la situación actual de muchos fueros, Luis Cigogna, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, recibió a Diariojudicial.com en su despacho del anexo del Congreso entre pilas de papeles que descansaban en mesas, sillas y que desbordaban su propio escritorio. “Nunca se sabe cuando pueden servir o cuando un tema puede volver a surgir” expresó el legislador. Una vez comenzado el reportaje, Cigogna opinó acerca de la Justicia Nacional y los procesos en los que se juzgan los delitos por lesa humanidad ocurridos en la última dictadura militar y la falta de presupuesto para el Poder Judicial. Además apoyó la actual conformación del Consejo de la Magistratura pues el consejo “no puede ser un órgano corporativo, admite la representación corporativa de los abogados y de los jueces. La admite, pero lo que debe prevalecer es la representación política del pueblo no de las corporaciones”.

¿Cuáles son los temas pendientes hasta fin de año para la Comisión de Justicia?

Le voy a decir lo que hay hoy en día. Nunca se sabe si puede aparecer algún tema de importancia. Hoy estamos tratando dos proyectos muy importantes provenientes del Ejecutivo y contempla indemnizaciones para las victimas, en un caso, para el atentado de la AMIA; y en el otro caso, para las víctimas de la explosión de la fábrica de Río Tercero. Son temas de trascendencia, primero por los hechos que originaron las víctimas, y por la cantidad de personas involucradas desde el punto de vista de su victimización. Lo que se procura en ambos caso, es desde el Estado, ir en el auxilio de esas personas con un resarcimiento económico que obviamente no repara el daño. Una vida no se compensa de ninguna forma, o una lesión grave o una secuela. Pero bueno, no hay otra forma por parte desde el Estado que procurar desde el punto de vista económico resarcir al que haya sido victima, o si la persona ha perdido la vida, a los herederos de esa persona.

En cuanto a estos proyectos que menciona, existía un reclamo en cuanto a que las indemnizaciones se pagarían en bonos y no en efectivo.

Se dicto en su oportunidad una ley para indemnizar a las víctimas del terrorismo de Estado. Ahí se establecieron ciertas pautas, una de ellas el pago con bonos. En los dos proyectos que vinieron del Ejecutivo se contempla el mismo tipo de resarcimiento. En el caso del proyecto de la AMIA, ese pasó por el Senado, y ahí le hicieron varias modificaciones; estableciendo por ejemplo el pago en dinero en efectivo, y modificando las pautas indemnizatorias, aumentándolas. Todavía nosotros no hemos dictaminado, pero mi criterio personal, y el de muchos otros de mis colegas diputados, y creo que es lo que ha predominado en las reuniones de asesores, es no modificar esas pautas que se establecieron oportunamente para las víctimas del terrorismo de Estado. No hay razón valedera para que se proceda de un modo diferente. Todas las vidas merecen igual trato, o todo tipo de compensación por lesión sufrida debe ser encarada de la misma manera. No parece razonable que se cambien las pautas, particularmente aumentando las compensaciones. Mi criterio, creo que es el mayoritario, es el mantenimiento de esas pautas.

¿Que puede decirme acerca del desempeño de la Corte Suprema que se ha expedido en temas relevantes durante este año? Algunos incluso han hablado del mejor año de la Corte.

Yo no se si es el mejor año. Tengo un gran respeto por esta Corte. Obviamente hay un respeto institucional, la Corte merece respeto por serlo. Pero esta Corte en particular lo merece por su composición. Los integrantes de ella, son todas personas sumamente honorables, calificados académicamente y moralmente. Desgraciadamente la Corte no siempre tuvo una composición equivalente. Fíjese que en la década del noventa hubo una composición sumamente cuestionada, en algunos por su falta de nivel académico, en otros por su alineamiento incondicional con aquel Ejecutivo. Yendo más atrás acá hubo Cortes, a partir del año 30, que avalaron los golpes de Estado, una fenomenal inmoralidad. Ahí había probablemente nivel académico y no había nivel moral. Esta Corte en particular, es reconocida por todos, oficialistas y opositores del campo político, todos coincidimos con eso.

Teniendo en cuenta que usted forma parte de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte para la agilización de las causas sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Como cree que es el desempeño de los jueces en estos procesos?

Lo que yo he visto ahí, yo no estoy en contacto permanente con los distintos lugares donde se desarrollan juicios de estas características, dentro de la comisión como hay además de los representantes del Congreso, la senadora Perceval y yo, están los representantes del Poder Judicial propiamente dicho; los representantes del Ministerio Publico de la Defensa, que son los que están con un contacto más directo sobre el tema, y los representantes del Ministerio de Justicia. Las conclusiones a las que yo he arribado después de participar de muchas de estas reuniones es que, hay por un lado un hecho público y notorio, un fenomenal atraso de estos juicios. Precisamente es por eso que el Dr. Lorenzetti ha convocado a esta comisión, y no es posible que esto continúe eternamente. La salud institucional de la república requiere que haya en un plazo razonable fallos aleccionadores. El contenido de los fallos, lo dirá cada juez, cada cámara y eventualmente la Corte si llegan hasta allí. Pero tiene que haber fallos que pongan fin a esto. Esto es una etapa de la historia Argentina terrible. Lo que hemos vivido esos años tenemos una percepción de los hechos como una cosa que estaba alrededor nuestro. Y después, todos, ustedes más jóvenes y nosotros el conocimiento de los pormenores de la monstruosidad en su entraña. Esto no es posible que continúe como hasta ahora. Lo que se recibe como respuesta cuando se pregunta en los distintos casos donde hay demoras, la respuesta instantánea es siempre la falta de recursos. Yo creo que no es la causa. Que los recursos son insuficientes, sí. En todos lados son insuficientes, también son insuficientes en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Poder Ejecutivo. Los recursos siempre son escasos. De lo que se trata es hacer el mejor aprovechamiento posible. También es cierto que desde quienes podemos contribuir a mejorar el nivel de esos recursos, tenemos que hacer lo posible y lo que este al alcance. Pero yo tengo la convicción de que esa no es la causa determinante de los atrasos. Hemos escuchado cosas insólitas, como que se ha dejado en libertad a ciertos individuos porque no hay un lugar adecuado para alojarlos. Esto no es cierto. Es como si liberaran a cualquier persona que está siendo enjuiciado por un homicidio común porque no hay un lugar adecuado donde alojarlo. No, lugar hay, hay que buscarlo, etc. El tema recurrente de la falta de personal, es probable que el personal no sea todo lo numeroso que debería ser y lo que fuere, pero tampoco debe ser una causal como para no llevar adelante los juicios. Lo que hemos hecho desde nuestra posibilidad, es llevar adelante el proyecto enviado desde el Ejecutivo, por ejemplo, creando setecientos cincuenta cargos judiciales, ochenta y tres para el Ministerio Publico y cuarenta y dos para el Ministerio de la Defensa, que tienen dictamen de la comisión de Justicia, y de Presupuesto. Eso fue un compromiso que asumió en su momento el entonces Jefe de Gabinete con la Corte, y bueno en eso estamos. La Comisión ha estado actuando hasta ahora, por ejemplo hay jurisdicciones donde no se había llevado a cabo la acumulación de procesos. Entonces sobre un mismo campo de concentración usted tiene una gran cantidad de juicios, y todo eso conspira contra la celeridad y prolonga las cosas hasta el infinito. Hemos tenido mucho cuidado por no vulnerar el principio de la división de poderes, es decir, los que no somos de la Justicia participamos de las audiencias, pero en ningún momento hemos tenido una incidencia directa sobre los jueces involucrados y lo demás. De lo que se trata es de, en algunos casos, cierta desaprensión por parte de los magistrados involucrados y puede que en otros casos haya alguna causa que tenga que ver con la insuficiencia de recursos. El argumento más habitual que se escucha es la insuficiencia de recursos. Pero a mi me parece que, en algunos casos, hay alguna otra cosa. Alguna falta de voluntad de llevar adelante lo que hay que llevar adelante.

¿Esto se puede ver reflejado en otros fueros?

Yo creo que sí, el fuero Laboral y el de la Seguridad Social están saturados. Son miles de causas que son absolutamente desmesuradas en su número como para poder ser resueltas en términos razonables. Por ejemplo, un reclamo permanente del fuero Civil y Comercial, particularmente de la Cámara; hoy día el monto en el orden nacional todo aquel pleito que este por encima de los cinco mil, cinco mil quinientos pesos, es susceptible de apelación. Eso no es nada, un juicio de cinco mil pesos es una cosa insignificante. Usted me dirá, no importa todos tienen derecho a la Justicia. Sí es verdad, no estamos hablando de denegar justicia, sino que un juicio que tiene un contenido patrimonial sumamente bajo, no es razonable que sature la cámara de apelaciones, haciendo que esta no pueda atender adecuadamente juicios de mayor envergadura. Nosotros tenemos dictaminado hace ya bastante tiempo un proyecto que vino del Senado que eleva el monto a veinte mil pesos y todavía no ha podido ser tratado en el recinto. Esto se debe a que el mecanismo de decisión respecto de los temas a tratar en el recinto, todo aquello que tiene enorme relevancia política y trascendencia requiere una atención prioritaria. Y luego todo aquello que no tiene observaciones ni disidencia. Ocurre que en este tema en particular hay una disidencia y esto ha hecho que se haya ido postergando. Otro tema vinculado con esta temática es la mediación. Recordara que hubo una ley de mediación que la estableció de modo obligatorio por un periodo de tiempo. La idea con la que se instaló era que se la establecía como obligatoria durante ese tiempo, la práctica de la mediación iba a hacer que se convirtiera en una pauta cultural, y después iba a ser innecesaria la obligatoriedad ya que las personas que tuvieran conflictos naturalmente iban a concurrir a este método. En la práctica no ocurrió así, entonces lo que aconteció fue que cuando venció el primer plazo se prorrogó y así por lo menos dos veces (sino tres). Cuando hicimos la última prórroga asumimos el compromiso de encarar un proyecto definitivo. Yo presente un proyecto de mediación, hubo algunos más, y vino un proyecto del ejecutivo. Finalmente tomamos el del ejecutivo, y se tomó a la vista los otros que habíamos presentado, y finalmente dimos dictamen en la comisión de Justicia. Fue a presupuesto que también dio su dictamen y se encuentra en la misma situación de que no ha podido ser tratado en el recinto porque hay proyectos en minoría. Yo he pedido que se tome en consideración ya que es un tema de mucha importancia. Fíjese que, si los tribunales están saturados, como lo están, existiendo el mecanismo de la mediación que les ha resuelto muchísimos conflictos en la etapa pre judicial. Si elimina, por acción o por omisión, porque transcurre el tiempo ya que en abril vence el plazo de la última prorroga, si elimina ese filtro que evita que muchas cosas se puedan resolver antes, la saturación va a ser muchísimo peor.

Quienes no están a favor de la mediación expresan que la solución para la saturación es la creación de más juzgados. ¿Qué puede decirme sobre esto?

La única detractora que yo conozco en esta cámara es mi querida amiga, la diputada Marcela Rodríguez. Ella cita a un autor norteamericano y hace propio sus argumentos. Ella argumenta que en la mediación el más débil lleva desventajas que son suplidas por el papel del juez en el juicio propiamente dicho. Pone como ejemplo los temas de familia, y entiende que en esas situaciones la mujer en general es la más débil. La he escuchado siempre con mucho interés y respeto, pero no me ha convencido la línea argumental. Yo creo que el tema no es que se resuelve con más juzgados. Si nosotros encontramos un método que permite; hablando de un ámbito rodeado de todas las garantías, no es cualquier cosa la mediación. Esta el mediador que no puede ser cualquiera, tiene que ser un abogado con una especial formación. Ambas partes concurren con sus asesores letrados, se está rodeado de todas las garantías como para que se pueda intentar arribar a una solución acordada. El mediador lo que hace es tratar de avenir a las partes y de llevarlos a algún punto de entendimiento que haga innecesario que alguien diga este tiene razón o aquel tiene razón. El mecanismo me parece muy útil y no vulnera de ningún modo los respectivos derechos de las partes y no pone en inferioridad de condiciones a nadie. Hay situaciones que quedan excluidas de la mediación ya que lo sustancial de la mediación es lo patrimonial.

¿Usted cree que la autonomía presupuestaria incide directamente sobre la independencia judicial?

Autonomía presupuestaria tienen. El Poder Judicial presenta su presupuesto, como lo presenta el ejecutivo, y el que resulte es el Congreso de la Nación. Lo que pasa es que en este último presupuesto se ha aumentado el presupuesto para el Poder Judicial y si mal no recuerdo se lo ha reducido un poquito al propio de la Corte para sí mismo. La Corte no es el Poder Judicial, la Corte es la cabeza del Poder Judicial. Hay criterios distintos, por ejemplo, hay una asociación de jueces que se llama Justicia Democrática de la Capital Federal, que sostiene la horizontalidad del Poder Judicial. Que no hay un tribunal inferior ni superior, sino lo que hay son actuaciones en etapas diferentes. Y desde que existe el Consejo de la Magistratura hay una suerte de tire y afloje entre el Consejo y la Corte, respecto de quien maneja los fondos. La Constitución es clara en ese sentido.

¿Qué puede decirme acerca del accionar del Consejo de la Magistratura?

El Consejo ha sido criticado, primero por su conformación. El funcionamiento concreto del organismo, yo no estoy adentro, pero escucho críticas, no voy a emitir juicios sobre si el mecanismo para la selección de jueces es mejor o no. Es un tema opinable, algunos objetan cuales son las pautas para analizar el curriculum para el postulante. Pareciera que hubiera una sobrevaloración de los académico en desmedro de lo específicamente funcional judicial. Hablando en términos generales, una persona puede tener un fenomenal nivel académico, pero carece de las condiciones que debe tener un juez. Que no es solamente saber derecho. El conocimiento del derecho es una condición sin ecuanon, pero no es condición suficiente. Dicen que en el modo de evaluación hay una sobrevaloración de todo aquello que implica formación académica. Ahora, yo si quiero contestar los ataques al Consejo en cuanto a su constitución. Nosotros modificamos la primera ley posterior a la reforma del 94, y lo hicimos con la más absoluta convicción de que estábamos democratizando el Consejo. Nos atuvimos a los principios de la Constitución, en el sentido de procurar el equilibrio. Yo cite a Héctor Masnatta cuando se debatía la ley, que realizo un análisis del texto del artículo en el sentido del espíritu del artículo. Habla de procurar el equilibrio, es decir tender a, tratar de. Decía Masnatta y yo repetí, equilibrio no es igualdad, no es equidistancia, sino que es procurar armonía. La actual composición del Consejo privilegia la representación política del pueblo. El Consejo de la Magistratura no puede ser un órgano corporativo, admite la representación corporativa de los abogados y de los jueces. La admite, pero lo que debe prevalecer es la representación política del pueblo no de las corporaciones. Con esto no quiero criticar a las corporaciones, yo trabaje como abogado durante muchos años, ahora cuando yo actuaba en la colegiación defendía los intereses de los abogados, era mi sector, como un sindicalista defiende los intereses de su gremio y un dirigente empresario defiende los intereses de su ámbito de actuación. El aumento que hicimos tiende a esa democratización del sistema, con el debido respeto de la representación corporativa. Yo creo que es un buen sistema el que se logró, como toda cosa humana, opinable, perfectible y no hay mayoría oficialista, es falso. Cuando dicen, pero tienen el poder de veto, tanto para la formación de las ternas como para llevar adelante el proceso del enjuiciamiento hace falta el porcentaje de dos tercios que implica que necesariamente un representante del sector político adhiera a la postura. Esto, lo decía Masnatta, es muy bueno porque tiende a esa armonía, obliga al consenso, esa es la vida democrática. Y otra cosa que no dicen los objetores es, qué pasa en el resto del mundo. En España, Francia, Italia sabe quien decide si se lleva adelante o no un proceso de enjuiciamiento a un magistrado, el Poder Ejecutivo.