En él, sostienen que “hay un grave deterioro de la vigencia de los derechos humanos en la ciudad” y que “de continuar así va tomando el carácter de irreversible en sus consecuencias para la vida de los más vulnerables como son los jóvenes y niños y niñas de los barrios”.
Entre muchos puntos consignados por el observatorio en el informe, se pueden destacar por ejemplo, la profundización de la brecha preexistente en el marco de una ciudad fragmentada y polarizada en Norte – Sur, “mientras que la zona Norte se muestra como sitio de ‘buenos vecinos’ beneficiaria de los servicios de bacheo y arreglo “cosmético” del espacio público” existe “inacción sobre asentamientos precarios y villas de emergencias, que se ubican mayoritariamente en la zona Sur”.
Aquí se habla de la “clara discriminación” y la falta de igualdad. Pues “los proyectos de erradicación de villas para privilegiar negocios inmobiliarios y desplazar a los pobres de la Ciudad son discriminatorios”. Se habla de la constante postergación del tratamiento del proyecto de ley de urbanización de la Villa 31, basado en el proyecto “Barrio 31 Retiro UBACyT A401 / 04 – Las Articulaciones Ciudad Formal – Ciudad Informal. Una metodología de abordaje válida para la región”.
Por otra parte, también se encuentra la tristemente famosa UCEP, (que ahora se encuentra supuestamente disuelta, aunque esta investigada por el juez Gallardo ya que parece que sigue funcionando) que posee una causa en la justicia, “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos” (Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169). Donde se puede observar “el accionar de este organismo específicamente dirigido a los sectores pobres de la Ciudad”.
El Observatorio no omite tampoco el comportamiento institucional en las denominadas “escuchas ilegales” pues “con el comportamiento inconstitucional de James –avalado por los dos primeros conductores de la Policía Metropolitana- se visualiza que los lineamientos generales de la política de seguridad de la actual gestión amenazan la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución de esta Ciudad en materia de integridad y libertad”. Con respecto al derecho a la educación, se observa “el incremento de los fondos asignados por el Estado para la educación privada, así como las prebendas hacia sectores de la Iglesia”. Por ejemplo, “el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) recibió diez veces más fondos que el Instituto Alfredo Palacios, a pesar de que ambas instituciones imparten de igual modo educación de nivel superior. La estrecha relación entre la Iglesia y la gestión actual se evidencia en los datos económicos: el tradicional colegio de Flores, Ana María Janer, percibió $ 848.288,27, por los tres niveles educativos (inicial, primario y medio), durante el segundo cuatrimestre de 2008 y el colegio San José de Calasanz, la suma de $ 755.628,59. Otro caso particular, dentro de las escuelas técnicas del subsector privado lo constituye la ORT que recibió $ 1.516.724,48, de las arcas públicas”. Lo que conlleva un “sesgo autoritario y privatista en las áreas educativas jaquea la inspiración constitucional en materia de educación pública y democrática”. Entre las conclusiones a las que arriba el organismo pueden destacarse el buen funcionamiento de los mecanismos de control judicial pero “la administración se mantiene renuente a la aceptación de los límites que el Poder Judicial fija”. También, existe una “terciarización de áreas claves en materia de derechos sociales”; “el cuidado del medio ambiente se encuentra lejos de ser prioritario” y la “negligencia, desconocimiento e ineficiencia en materia de políticas de seguridad”. El Observatorio de Derechos Humanos es un organismo no gubernamental creado para la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizó la presentación de este informe el pasado lunes en el marco de un panel integrado por Elena Liberatori, titular del juzgado contencioso de la ciudad Nº 4, Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo López, de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) y, Graciela Cisneros y Miguel Varela (victima y testigo del accionar de la UCEP).
dju / dju