Los senadores Samuel Cabanchik (Capital Federal), Luis Juez (Córdoba), Rubén Giustiniani (Santa Fe), Sonia Escudero (Salta), Liliana Negre de Alonso (San Luis) y Gerardo Morales (Jujuy) presentaron esta tarde la iniciativa, que se trataría una vez que se retomen las sesiones del Congreso, en marzo próximo. A partir de ese momento, el oficialismo será la primera minoría.
“La idea es seguir sumando voluntades e intentar que se trate a partir de marzo”, manifestó el senador Cabanchik (Probafe), impulsor de la iniciativa, en diálogo con DiarioJudicial.com .
El texto de la norma consta de un solo artículo. Pero entre sus fundamentos, mencionó que “la decisión autoritaria de la Presidenta de la Nación de vetar artículos de la ley de Reforma Política, los mismos que fueron la llave que le permitió al oficialismo de la Cámara de Diputados reunir la mayoría para aprobar la media sanción, se convierte en una nueva muestra del profundo desprecio del sistema democrático del que hace gala este gobierno”.
El proyecto sostuvo que “el decreto 2004/2009 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente negociadora del Frente para la Victoria, que simuló amplitud para alcanzar el número necesario de Diputados para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano que luego el Poder Ejecutivo vetaría las modificaciones que se introdujeron”.
Y agregó: “Así, el oficialismo concede en Diputados aquello que luego el Poder Ejecutivo veta. Este mecanismo además de perverso impide al Senado ejercer su función de Cámara Revisora, convirtiéndolo en una simple ‘mesa de entrada y pase’ de expedientes hacia el Poder Ejecutivo”.
Los senadores opositores subrayaron que “la ley y su veto reafirman que el único objetivo que buscó el Poder Ejecutivo fue borrar de la competencia electoral a un gran número de fuerzas políticas, que necesitan tiempos razonables para adecuarse a los nuevos requisitos, tiempos que hoy les son arrebatados”.
En el texto publicado en el Boletín Oficial este lunes se habían acortado los plazos para esas adecuaciones, que originalmente estaban previstos para diciembre de 2011, a diciembre de 2010.
En uno de los párrafos más duros del texto, la oposición propuso la “derogación total de la ley 26.571”, que –indicó- “nació muerta porque adolece del primer y más importante requisito que debe tener una reforma política, que es el consenso de los partidos políticos, instrumentos indispensables del sistema democrático”.
La mayor parte del abanico opositor sostuvo que la reforma fue favorable a las intenciones del oficialismo para conseguir otra victoria en las presidenciales de 2011.