El trabajo centra su análisis en los veinte casos más graves de violencia y abuso policial ocurridos entre los años 2008 y 2009. Lo que le permitió dar cuenta de una brecha entre el “accionar real” y el “deber ser” del accionar de los efectivos policiales. Allí se consigna que el uso de la fuerza resultó “excesivo, desproporcionado o irracional”; y llevado a cabo generalmente contra personas y sectores de la población social y económicamente más vulnerables de la Ciudad.
“Observamos la recurrente utilización de estereotipos de la ‘sospecha’” por parte de las fuerzas de seguridad sobre los grupos sociales vulnerables. En este sentido, cuestiones como “portación de tatuajes, rostro, vestimenta, edad en el caso de los jóvenes, características étnicas y también orientaciones sexuales” son utilizados por la policía como “juicios de peligro a priori sobre eventuales conductas de algunas personas, contrariando la tarea que les asigna la ley”.
Esto se debe a un “modelo tradicional” de acción en el que estas prácticas suponen “el predominio de rutinas y hábitos caracterizados por un sesgo autoconservativo, orientado a desarrollar acciones inscritas en una perspectiva bélica del control delictivo”.
Accionar orientado “al ejercicio de formas de control social extrainstitucional, encaminadas a la inspección y disciplinamiento de todo tipo de conducta -incluso de acciones no delictivas- inscritas en conceptos primitivos de salubridad y moralidad pública, o de diferentes formas de protesta o movilización social o de personas -en general, socialmente vulnerables- consideradas y estigmatizadas por la propia policía como peligrosas, según una visión asentada, casi siempre, en una perspectiva discriminatoria”.
El accionar de la Justicia no quedó fuera del informe de la defensoría, pues se consigna que “se advierte la falta de profundidad en las investigaciones y deficiencias por parte del Ministerio Público en el impulso de las causas y los controles de legalidad”. Asimismo “las investigaciones judiciales suelen ser insuficientes o ineficientes” y “por lo general, el impulso de las causas depende de la presentación de los familiares como querellantes”.
De la misma manera, califica como “llamativo” el hecho de que “todas las causas iniciadas por violentos procedimientos policiales desarrollados en el marco de desalojos, se encuentren archivadas, o bien paralizadas, sin ningún tipo de movimiento en la investigación”.
“En ninguna de las causas judiciales mencionadas se citó a indagatoria a un policía” culmina el trabajo.