Así, desde el próximo 1 de febrero, cuando se inicie la actividad judicial tras la feria de verano, los jueces de paz deberán intervenir en los juicios ejecutivos civiles y comerciales y en los de apremio fiscal que involucren montos de hasta 15 mil pesos; y en los juicios ordinarios de hasta siete mil pesos.
Esas cifras correspondían a la competencia de los juzgados civiles y comerciales que ante la situación de colapso que viven el Máximo Tribunal dispuso una modificación para disminuir su trabajo.
El STJ tomó la medida el 7 de diciembre pasado en un acuerdo general. Fue luego que el juez del tribunal Emilio Castrillón entregara un informe de situación tal como le habían delegado sus pares. El trabajo señaló “la particular situación de colapso por la que atraviesa el Fuero Civil y Comercial entrerriano” por lo que propuso la modificación de la competencia.
“El máximo Tribunal de la Provincia estima que de esta manera se obtendrá un mayor aprovechamiento de la capacidad de trabajo de los agentes judiciales que se desempeñan en los Juzgados de Paz, y que en consecuencia se logrará optimizar el servicio de justicia en ese ámbito”, explicó a través de un comunicado de prensa.
Los montos modificados están regidos por la ley orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos y no se modificaban hacia 10 años, confió una fuente judicial a Diariojudicial.com. La misma ley le da potestad al Máximo Tribunal para actualizarlos cada seis meses.
La medida traerá contrapuntos. Estos días son inhábiles en la Justicia por lo que después de la feria judicial, y cuando debe comenzar a regir la nueva competencia, se prevé que los jueces de paz hagan una presentación pidiendo al STJ que revea su decisión.