El “simple técnico mecánico” –como se definió en un artículo publicado en Internet- aseguró, en diálogo con este diario que lo que motivó la importante cantidad de denuncias fue “demostrar que en nuestra queridísima República Argentina no hay justicia”.
La cruzada de Rucker –que trabaja junto con un equipo de abogados- comenzó con denuncias “graves y serias” en la justicia ordinaria contra la minería a cielo abierto. Según él, en aquellas presentaciones se probó la existencia de contaminación y de enfermedades tales como cáncer y malformaciones a causa de la minería.
“Esto es sistemáticamente tapado por el gobierno y por las empresas”, aseguró el principal denunciante del Consejo en el año que terminó. Rucker contó que en la justicia ordinaria (nacional y federal) se desestimaron las causas porque los jueces entendieron que “no había delito” y por eso decidió denunciar a los magistrados ante el Consejo.
Sin embargo, todas las denuncias que presentó desde julio de 2009 fueron desestimadas in limine, lo que, para Rucker, significó una “metodología del gobierno para tapar los chanchullos”.
Entre sus denunciados están los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid, Marcelo Martínez de Giorgi, María Servini de Cubría, Julián Ercolini, Eduardo Farah, Inés Cantisani, Horacio Cattani, Nicanor Repetto, Daniel Petrone, entre otros.
Muy a menudo se escucha el nombre de Rucker en el edificio de Libertad al 700. Por ejemplo, en la reunión de la comisión de Acusación del 12 de noviembre último, se trataron 18 denuncias hechas por él mismo.
Otro denunciante asiduo es Leonardo Fraticelli que durante 2009 denunció a los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo, Sergio Torres y Martínez de Giorgi.
En tanto, Bernardo García Leone denunció ante el Consejo a los jueces Manuel Blanco, Rodolfo Antonio Pradas, Leopoldo Schiffrin, y a Servini y Torres. García Leone también querelló durante el año que terminó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió su juicio político.
Un denunciante asiduo, que también realizó varias presentaciones ante el Consejo, es el abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció a los jueces de Sala II de la Cámara de Casación Penal.
Otros denunciantes frecuentes son los gremialistas Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia, y Mónica Pauluk.
Durante el tiempo que fue consejera, la actual diputada por la Coalición Cívica Marcela Rodríguez impulsó varias decenas de denuncias, activismo que, al ser desplazada de sus funciones por el cambio en la composición del Consejo, recayó en la actual consejera-diputada por el oficialismo Diana Conti.
Rodríguez denunció, entre 2002 y 2006 a los jueces Claudio Bonadio, y a los magistrados jujeños Carlos Olivera Pastor Casas y Mariano Cardozo, entre otros.