El Máximo Tribunal le había dado un plazo de 20 días para aplicar la disposición. Pero no fue cumplida.
En su primera resolución del año tras la feria judicial, el presidente de la Suprema Corte, Luis Genoud, sostuvo que “se torna inexcusable que los señores jueces” cumplan con la orden para lo cual les dio un nuevo plazo hasta el próximo 28 de febrero “bajo apercibimiento de conferir intervención de la Secretaría de Control Judicial”.
La Suprema Corte, la Procuración General y el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados e Incautados (RENAR) firmaron un convenio para que los jueces de todos los fueron penales, de responsabilidad juvenil y de Paz informaron a las Fiscalías Generales sobres fallos con decomiso de armamento. El objetivo es el cruzamiento de información en otras causas, para detectar el uso de esas armas, y colaborar con el Gobierno, de quien depende el RENAR, en su destrucción.
El convenio quedó plasmado en la resolución 3494/09 del Máximo Tribunal a través de la cual se le dio a los magistrados un plazo de 20 días para girar la información.
“Que a pesar del tiempo transcurrido y del plazo establecido, ha llegado a conocimiento de esta Presidencia situaciones en las que no se cumplimentaron las previsiones de la resolución Nº 3494/09, como así también las distintas circunstancias que imposibilitaron la coordinación entre los órganos jurisdiccionales y las Fiscalías y, la centralización de la información”, criticó el presidente de la Suprema Corte.
Según la Procuración General, del total de armas secuestradas solo se tiene “información fehaciente para proceder a su decomiso” en el cinco por ciento de los casos.
“Que, por lo expuesto, se torna inexcusable que los señores jueces en coordinación con las Fiscalías, adopten –con la urgencia que el caso requiere- los recaudos pertinentes para dar cumplimiento a lo normado por la Resolución Nº 3494/09, a fin de posibilitar la concentración de las armas y efectos decomisados para su retiro y posterior destrucción”, pidió el Máximo Tribunal.
La Suprema Corte dio un nuevo plazo a los jueces penales para dar “estricto cumplimiento” a la resolución que será hasta el próximo 28 de febrero pero advirtió que de no hacerlo será “bajo apercibimiento de conferir intervención de la Secretaría de Control Judicial”.
Por último, Genoud señaló que respecto a las denuncias de falta de espacio en las Áreas de Efectos para depositar las armas secuestradas, “se verán subsanadas a medida que se cumplimenten los trámites de decomiso y destrucción, en función del convenio suscripto”.