El juez acusado es Antonio Cayetano Saladino, titular del Juzgado de Garantías en lo Penal Nº 1 de la ciudad de Olavarría, del Departamento Judicial Azul, quien fue denunciado penalmente por la Procuración General bonaerense y que ya afronta un proceso abierto de juicio político por mal desempeño.
El Máximo Tribunal de la provincia consideró que de un informe de su Secretaría de Control Judicial “se desprende la existencia de un conjunto de elementos que, prima facie valorados podrían afectar la actuación del referido magistrado y que, en todo caso, trasuntan la posibilidad de una grave afectación del servicio de justicia”.
“surge la imperiosa necesidad de arbitrar las medidas urgentes en el ámbito de las facultades de Superintendencia del Tribunal que garanticen la efectividad en la investigación de las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional”, sostuvieron los jueces de la Suprema Corte Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari en la resolución.
Saladino quedó involucrado en un caso de corrupción con el abogado Marco Alonso, quien fue asesinado hace 15 días. Según las constancias, Alonso defendía a un hombre acusado de acribillar de 11 titos a una personas en un bar de Olavarría a quien recomendó entregarse a la Justicia ya que tenía todo arreglado con el juez para que cambiara la caratula de la causa y le diera la libertad.
El prófugo se entregó pero quedó detenido. Luego el abogado apareció muerto de siete balazos en su auto y las sospechas apuntaron a su cliente, un ex preso, ahora involucrado en otro cosa.
Las acusaciones contra el juez se conocieron porque la mujer del abogado denunció que su marido tenía un acuerdo con el magistrado que no fue cumplido.
La Procuración denunció al juez y se inició una causa penal que tramita en la UFI 7 de Olavaria. También se inició un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que le pidió a la Suprema Corte que inicie las actuaciones y sortee a los miembros del tribunal, lo que ocurrirá el próximo 17 de febrero.
“Que sin perjuicio de la intervención del Jurado de Enjuiciamiento, corresponde, en forma inmediata, la adopción de las medidas imprescindibles para velar por el cabal afianzamiento de la justicia”, sostuvo el máximo tribunal que ratificó sus atribuciones para “intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia”
Saladino será reemplaza por el titular del juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría, Carlos Eduardo Villamarín.