La intervención de Cerda tuvo origen en la violenta represión, denunciada por asambleístas anti-minería, por parte de la policía provincial y la Gendarmería. La tensión comenzó este lunes cuando los uniformados desalojaron la asamblea permanente que funciona desde el 14 de diciembre a la vera del camino que llega a Andalgalá y permitieron que pasara maquinaria.
El juez Cerda sostuvo que la suspensión fue “una medida sumamente necesaria por lo sucedido [este lunes]. “Ya notifiqué al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense”, añadió.
Sin embargo, los manifestantes pidieron al juez que resolviera la prohibición definitiva de la explotación de la mina en Andalgalá. Además, anticiparon que continuarán con los cortes sorpresivos.
El subsecretario de Seguridad de Catamarca Luis Baracat manifestó que la Policía actuó acatando una orden judicial. La orden fue “desalojar a la gente que expresaba su rechazo a la minería”, dijo el funcionario.
Por su parte, Francisco Soria, jefe de la Policía de la provincia, aseguró que los manifestantes “no poseían ni armas de fuego, ni armas blancas”. Pero sostuvo que tanto personal policial, de infantería, como ciudadanos resultaron con heridas. “Algunos tienen fractura de miembros superiores o inferiores, y fractura de tabique”. Soria anticipó que la fuerza policial permanecerá en el lugar hasta tanto “se calmen los ánimos”.
En tanto, se informó que cuatro asambleístas fueron acusados por la fiscal Martha Nieva por los delitos de “amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre”.