A las tres ex magistradas se les redujo la remuneración (incumpliendo la garantía de intangibilidad de los salarios de los jueces) y finalmente se las destituyó entre los años 1997 y 2000. Las mujeres habían adherido a un comunicado que criticaba la injerencia del Poder Ejecutivo local en el Judicial.
Pochak recordó que la causa “Gallo” llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003 (a instancias del CELS y el CEJIL) y que en 2006 se dictó el “informe de admisibilidad”. La abogada aseguró que “el Estado argentino perdió la oportunidad de defenderse pues todos los plazos se vencieron”.
Si bien reconoció que el Estado nacional se prestó a una resolución amistosa, las autoridades de San Luis (gobernada desde 1983 por los Rodríguez Sáa) no participaron y declinó esa alternativa.
Pochak insistió en que tanto el CELS como el CEJIL están reclamando “reparaciones integrales”, es decir “reformas institucionales para asegurar que casos como este no se repitan”.
La letrada comentó que si bien en la provincia de San Luis se dieron algunas modificaciones legales que incluyeron la colegiación de los abogados y la posibilidad de que abogados integren el Consejo de la Magistratura local y el jury de enjuiciamiento, aún “persisten normas inconstitucionales” respecto del funcionamiento del Poder Judicial.
Gallo, Careaga y Maluf de Christin fueron destituidas y además inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Pochak aseguró que esta situación les generó un agravio económico que incluyó pérdida de chance laboral pues en San Luis se inició una “campaña de desprestigio contra las juezas en medios de comunicación manejados por el gobierno provincial”.
Enfatizó que dos de las ex juezas debieron instalarse en Buenos Aires porque vieron reducidas sus posibilidades laborales. Señaló que las mujeres aún son jóvenes (tienen alrededor de 50 años) y desearían volver a ser magistradas. Careaga y Gallo estarán este viernes en Washington junto a Gastón Chillier, director ejecutivo de CELS.
En el marco del 138º período de sesiones de la CIDH este viernes también se celebrará una audiencia pública en la capital estadounidense por el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, quien, al momento de su muerte, investigaba la “aduana paralela”. En ese caso, el CELS también pedirá la elevación a la Corte Interamericana.
Pochak le dijo a este diario que Gutiérrez (hermano del actual intendente de Quilmes, Francisco) fue “ejecutado por dos sospechosos que pertenecían a la Policía”. Aseguró que uno de los acusados fue absuelto pues testigos que lo habían incriminado luego se retractaron y sobre el segundo “hay resistencia de la justicia a avanzar”. Añadió que este viernes en Washington estarán la viuda y los dos hijos de Gutiérrez, menores de edad al momento del asesinato, en agosto de 1994.