Lo dijo Adriana Gallo, una de las juezas destituidas por adherir a un comunicado que criticaba la injerencia del Ejecutivo en la Justicia provincial. Fue durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ana María Cariaga añadió que a fines de la última década se dio en esa provincia un proceso de “domesticación de los jueces”. Tildaron de “cobardes” a los miembros del TSJ de entonces.
En San Luis tuvo lugar una “domesticación de jueces” que no eran “dóciles como se pretendía”. Lo dijo Ana María Cariaga en el marco de una audiencia pública que realizó el viernes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La ex jueza viajó a Washington junto con Adriana Gallo para reclamar por sus destituciones.
Entre lágrimas, las ex magistradas pidieron la elevación del caso a la Corte Interamericana para lograr una condena contra el Estado nacional y el provincial.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Silvia Zimerman, entidad que patrocina a las dos mujeres, sostuvo que Gallo, Cariaga y Silvia Maluf de Christin fueron “destituidas por oponerse al régimen político del gobierno de la provincia”.
Zimerman relató que entre 1995 y 1997, el gobierno provincial sancionó una veintena de “leyes inconstitucionales”, una de las cuales dispuso la reducción de los salarios de los jueces. Añadió que por esos años también se disolvió el Colegio de Abogados, por lo cual los letrados en el jury de enjuiciamiento fueron reemplazado por personas cercanas al Ejecutivo.
Adriana Gallo inició su relato ante los miembros de la CIDH asegurando que se desempeñó 21 años en el Poder Judicial y durante ocho fue jueza. Señaló que las “primeras arremetidas del poder político contra el judicial permitieron conocer idiosincrasia de los magistrados que trabajábamos en la justicia” y añadió que “ese conocimiento sobre como se posicionaban los jueces hizo que se afianzaran los métodos de coacción”.
Dijo que a quienes no encajaban en la lógica del Ejecutivo, se les pedía “la renuncia con fecha en blanco”. La ex jueza tildó de “cobardes” a quienes colaboraron con el avasallamiento de la justicia provincial y entre ellos mencionó a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de entonces, a los miembros del jurado de enjuiciamiento y a los medios de comunicación oficialistas.
“Los actuales integrantes del STJ [Omar Uria, Horacio Zavala Rodríguez, Florencio Rubio y Oscar Gatica] –continuó- no se animan a reponernos en nuestros cargos, aunque un fallo de la Corte Suprema le ordenó hacerlo”. En 2006, el Máximo Tribunal admitió la queja por un recurso extraordinario federal denegado por el STJ de San Luis, y ordenó a dicho tribunal que revise el recurso extraordinario provincial.
Por su parte, la destituida magistrada Ana María Cariaga apuntó que “este caso evidencia la imposibilidad de la Nación de alinear a la provincia [de San Luis] en el cumplimiento de los Derechos Humanos”. La mujer señaló ante los miembros de la CIDH que en esa provincia “gobiernan desde hace 27 años dos hermanos [por lo Rodríguez Sáa] que se suceden en el poder” y añadió que “en ese pequeño feudo casi no existe la libertad de expresión”.
Cariaga subrayó que el proceso que culminó con las masivas destituciones de magistrados en San Luis implicó una “domesticación de jueces que no éramos dóciles como se pretendía”. En ese sentido, dijo que “quienes fueron dóciles hicieron una carrera meteórica”.
Entre lágrimas, la ex jueza contó que le “armaron una causa penal” que la “atemoriza” y enfatizó: “Dos de nuestras compañeras fallecieron, ruego a ustedes [los integrantes de la CIDH] que no nos condenen a idéntico destino”.
El representante de la Cancillería Eduardo Acevedo Díaz dijo que “el Estado nacional” consideraba “oportuno no pronunciarse en el fondo del caso”.
En diálogo con DiarioJudicial.com, la directora ejecutiva adjunta del CELS Andrea Pochak aseguró que ahora la CIDH deberá elevar un informe sobre la audiencia. Si encuentra al Estado responsable, le dará un tiempo para que pueda efectuar la adecuación y si no se cumpliera, recién entonces el caso podría pasar a la Corte Interamericana.