El objetivo del convenio es que, con la incorporación en las mencionadas sedes de funcionarios del Ministerio Público, se garantice a la ciudadanía los derechos de realizar denuncias y evitar así cualquier manipulación que entorpezca las presentaciones que se hacen ante la Justicia. Además, el convenio prevé la instalación de puestos de atención al público (equipados con telefonía e internet) y salas de reunión para la resolución de conflictos.
Garavano, explicó que “la determinación de instalar mesas de recepción de denuncias del Ministerio Público Fiscal en las sedes de la Policía Metropolitana es sin dudas una fuerte decisión política”. A lo que añadió: “Esta es una experiencia única en la región”.
En el mismo sentido Montenegro dijo que “muchos especialistas y teóricos en materia de seguridad vienen proponiendo desde hace años sin éxito la necesidad de abrir las puertas de las comisarías a la justicia, hoy eso se plasma con la firma de este convenio”.
“La decisión de abrir la Policía Metropolitana a la Justicia forma parte del nuevo modelo de policía que planteamos desde el principio” concluyó el titular de la cartera de justicia. Además de Garavano y Montenegro, de la firma participó también el titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Bursa co.
Tanto la Policía Metropolitana, como el Ministerio Público Fiscal, mantendrán su autonomía e independencia en sus respectivas estructuras. El plazo de duración del convenio es de dos años, pero quedará prorrogado de modo automático por períodos idénticos, salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad de rescindirlo.
El acuerdo se enmarca en un contexto desfavorable de la flamante Policía Metropolitana y que le llevó, por ejemplo. a las autoridades a presentar en la Legislatura proyectos que dan cuenta de la imprevisión con la que se constituyó la fuerza.
La iniciativa, bajo el expediente 611-D-10, prevé la “exigencia de presentar declaración jurada sobre antecedentes al personal de la Policía Metropolitana”. La misma, según consta en el acuerdo de Labor Parlamentaria, espera ser analizado el próximo 22 de abril.