La oposición parlamentaria a Ortega buscó derogar ese decreto pero los legisladores fueron agredidos por simpatizantes del Gobierno que pertenecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los diputados, que debieron dejar el Congreso y sesionar en un hotel, aprobaron una resolución para no reelegir a los jueces y acordaron tratar un proyecto de ley para derogar el decreto.
La disputa se centra en tres jueces de la Corte Suprema; diez del Consejo Suprema Electoral; cinco fiscalizadores de cuenta y otros más del Poder Judicial que en total suman 25. Todos ellos fueron continúan en sus cargos a partir de un decreto que Ortega firmó en enero y por el cual prorrogó su continuidad en los cargos antes el vencimiento.
Ortega sostuvo que el decreto fue dictado para evitar una parálisis en el Poder Judicial ya que la oposición se niega a tratar la elección de jueces sustitutos. Para ello se necesitan los votos de 56 legisladores y ni el oficialismo ni la oposición tiene esa cantidad de sufragios por sí solos para imponer su voluntad.
Además de la pelea de la oposición y el oficialismo, también hay enfrentamientos entre los jueces de la Corte: están divididos entre sandinistas y liberales. Se disputan el poder entre ellos y buscar echarse mutuamente.
Una de las últimas disputas se dio cuando los oficialistas declararon inaplicable el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial. El fallo fue dictado en un acuerdo del que no participaron los jueces opositores.
Uno de los jueces sandinistas beneficiado por el decreto presidencial, Rafael Solís, dijo: "Me he quedado claramente porque quiero con mi actitud dar un ejemplo a los jueces y a todos los funcionarios públicos que lo primero que se debe respetar es la Constitución".
También habló el ex juez Alejandro Serrano Caldera que criticó las disputas internas en la Justicia. El ex magistrado dijo que en la Corte Suprema hay "una guerra de carácter político" y que la dispuesta entre los jueces del Máximo Tribunal "no debería existir en un órgano jurisdiccional y constitucional".