La iniciativa es del senador radical Ernesto Sanz quien propuso que las causas por delitos de lesa humanidad tramiten bajo el Código Procesal Penal de la Nación y algunas disposiciones especiales para garantizar su agilidad.
Entre ellas, que cuando las causas estén en instrucción “el juez dispondrá que tramiten o no en un solo expediente, atendiendo a razones de economía procesal y mayor facilidad de investigación”.
También se propone que en la asignación de fechas de juicio estas causas tendrán “prioridad absoluta” sobre otras que haya radicadas en el Tribunal Oral, excepto en las que haya detenidos. En ese línea, “una vez que a un tribunal oral se le haya asignado una causa de las regidas por la presente ley, no podrá volver a ser sorteado antes de que la concluya”, propone el senador.
Otro artículo del proyecto establece que la Defensoría General de la Nación “designará el número de defensores oficiales que estime necesarios, según la complejidad del proceso, para que estén presentes en todas las audiencias de juicio y reemplazar a los defensores particulares en caso de que éstos, por cualquier razón, no continuaran ejerciendo su ministerio”.
Al respecto todo acusado con abogado particular “deberá designar hasta tres en el momento al comenzar el juicio”. Esto es porque ha ocurrido que muchos acusados han dejado a sus defensores a poco de comenzar las audiencias, lo que demora el proceso.
“La obligación de las naciones de garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos, hace necesario introducir las modificaciones que fueren necesarias en su legislación interna para asegurar la observancia de los derechos que se comprometió a garantizar”, sostuvo Sanz en los fundamentos del proyecto. Y agregó: “En el supuesto concreto de los delitos de lesa humanidad, los estados deben dictar las disposiciones que resulten necesarias para asegurar la tutela de los derechos de las víctimas y el de los victimarios a que pueda realizarse, en el menor tiempo posible, el juicio que dirima las responsabilidades que en cada caso cupieren”.
Para el senador, estos juicios “presentan características de gran complejidad, y por ello requieren reglas especiales de procedimiento que, salvaguardando los principios del debido proceso, permitan un trámite más pronto y ordenado de los juicios”.
En la primera jornada de debate expusieron en el Senado el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Jorge Auat; el coordinador del organismo, Pablo Parenti; y el especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Carlos Beraldi.
“El propósito de este proyecto es completar el cumplimiento del deber de una generación: establecer definitivamente lo ocurrido durante un período trágico sin tolerar que la impunidad o la sospecha infundada reemplacen al esclarecimiento de la verdad”, concluyó el senador.
Foto: Senador por la UCR Ernesto Sanz (Daniel Muñoz/Télam/cl)