"En seis años y medio nunca he visto una condena en casos de corrupción"

Integrante de la Cámara de Casación Penal desde el año 2003, Ángela Ledesma recibió en su despacho de Comodoro Py a DiarioJudicial.com. En una entrevista en la que se habló de todo, destacó la gravedad que significa “la impunidad que hay en materia de corrupción” y afirmó: “Llevo casi seis años y medio y nunca he visto una condena en casos de corrupción”. También habló de la necesidad de un cambio en los procesos penales y la consecuente reforma de los códigos procesales, aunque remarcó que “si no modificamos las prácticas de trabajo, las reformas legislativas y las reformas de los códigos procesales, solos no funcionan”. En otro orden de cosas, se refirió a la reforma del Consejo de la Magistratura, a la que calificó como “interesante”, pero opinó que “si nos enmarcamos solamente en una discusión macro, corremos el riesgo de pasar uno o dos años discutiendo esto sin resolver algo que es un problema urgente: los juzgados vacantes”. Para culminar, Ledesma se mostró en contra de la pretensión de evaluar a los jueces cada cuatro años, tal como propuso el kirchnerismo en el Congreso. “Es de imposible realización” ya que “si tenemos tantos problemas para seleccionar a los jueces, y tantas vacantes en todo el país (…) esto me parece un poco descabellado”. “Tendríamos que pensar en otras alternativas que no pasan por violar la Constitución” concluyó.

¿Cómo ve a la Justicia argentina?

En este último período, a partir del reestablecimiento de la democracia, estamos viviendo una etapa que no me la quiero perder. Tuve la oportunidad de vivir y trabajar en otros países y no quiero perderme este proceso evolutivo de la Justicia argentina. Más allá de las quejas y todas las críticas que podemos hacer, hemos avanzado en diferentes aspectos, y esencialmente en la discusión. Esto es muy importante, porque crea un estadio medio de opinión. Hay temas que antes ni siquiera figuraban en la agenda y que hoy los estamos discutiendo. No nos olvidemos que todo cambio implica en primer lugar una transformación cultural en una Justicia que lleva 400 años de escriturismo y 400 años de inquisición en materia penal. Es muy difícil romper con esto y hacer la Justicia de la democracia. Por ejemplo, la horizontalidad del Poder Judicial, parece una cosa muy rara y sin embargo en un estado democrático como el nuestro debiera ser una cosa muy normal. Pero es un tema que no lo discutíamos hace diez años, aunque tuviéramos conocimiento de formas distintas de organizar la Justicia que eran más eficientes y que otros pises las llevaban adelante. Y esto lo digo en general, y no me refiero sólo al proceso penal donde a lo mejor se ven cambios más visibles, sobre todo en la justicia de las provincias, no en el orden nacional y federal donde estamos más atrasados, aunque al menos hemos avanzado en la discusión. En la Justicia civil se han producido importantes cambios a nivel de gestión, con la informatización de los tribunales, de las mesas de entradas, la notificación electrónica que se está instituyendo en muchas provincias e importantes reformas en los códigos procesales. Además, temas que tienen que ver con una nueva realidad de este mundo, como es el problema de los procesos colectivos, de los supuestos donde el reclamo alcanza a un número indeterminado de personas. Aquí se ha avanzado en la legislación y en nuestra jurisprudencia, lo que es importante en términos de cambio cultural.

Continuando con estos cambios, ¿cree que la implementación de un istema acusatorio necesita de un impulso federal?

Totalmente. Históricamente se ha demostrado que lo federal es muy importante porque si nosotros observamos el proceso de formación de nuestras leyes en materia penal, el denominado código Obarrio, que se sanciona en 1988 y que tiene vigencia hasta 1992, ha sido el responsable de que muchas provincias no se actualizaran en materia penal, por la concentración que produce Buenos Aires, por la preeminencia que tiene siempre lo nacional y lo federal en los territorios de provincia. Sin embargo, en estos últimos 20 o 25 años, las provincias están desafiando a la nación, tomando un proyecto de Córdoba, de fines de la década del 80. Tucumán en 1991 fue la primera provincia que puso en marcha un Código Procesal Penal más acusatorio. Esto es, con un fiscal que investiga y un juez que decide durante la etapa de investigación penal preparatoria. Lo que ha sido la reforma de Córdoba, mostrándonos líneas de trabajo totalmente distintas, luego la provincia de Buenos Aires en 1997, y podemos hablar en nuestro país hasta de generación de códigos, porque hoy en día esos códigos también han sido superados. Lo que podemos mostrar como mayor avance, que está funcionando bien, es la reforma procesal penal de la provincia de Chubut, que ha radicalizado la oralidad en la etapa de la investigación penal preparatoria. Tienen una norma que expresamente habla que todas las peticiones ante llamada de instrucción o investigación penal preparatoria y todas las incidencias deben debatirse y resolverse en forma oral. Estamos hoy trabajando y pensando en una justicia sin expediente, pero es muy difícil con el juez que tiene 50 años.

¿Qué otras “fallas” puede mencionarme que hagan notar la necesidad de un cambio en el proceso penal?

Las fallas son muchas. En el proceso penal, esencialmente, lo más grave que nos sucede es la impunidad. La impunidad que hay en nuestro país genera una reacción social lógica y muy fundada. Lo que más me duele es la impunidad que hay en materia de corrupción. En ese sentido, estamos incumpliendo acuerdos internacionales que hemos subscripto. Recientemente se nos ha tirado de la oreja, esto ha salido en todos los medios de comunicación, precisamente porque no estamos cumpliendo con la Convención Anticorrupción. Este es un tema muy grave. Aquí llevo casi seis años y medio y nunca he visto una condena en casos de corrupción. Todos los casos de corrupción no llegan desde instrucción, no llegan ni siquiera a juicio oral y nos llegan prescriptos. Esto para mí es lo más grave que nos sucede. Después está el tiempo del proceso. Se produce un hecho, y entre el hecho y la decisión son inexplicables los tiempos. Por eso es interesante en lo que hace a cuestiones más sencillas de prueba, los denominados delitos en flagrancia, tienen hoy normas que regulan la forma de juzgar en forma inmediata estos casos. Pero no tenemos que mirar solamente la flagrancia, hay que mirar también la alta complejidad, la criminalidad organizada. Todo esto para lo que el Estado pareciera que no está preparado para investigar. Es interesante hacer un análisis, a veces, de cómo la Justicia obstaculiza a la propia Justicia. Esto tiene que ver mucho con las prácticas judiciales. Desde hace años, con un grupo de profesores, venimos trabajando en la reforma de los códigos procesales. Pero hoy tenemos muy en claro que si no modificamos las prácticas de trabajo, las reformas legislativas y las reformas de los códigos procesales, solos no funcionan.

¿Cuál es el estado actual de la Cámara de Casación?

La situación es muy delicada por el cúmulo de casos que tiene que atender y por la complejidad de los mismos. Llegan una gran cantidad de casos sumamente complejos que pueden llegar a paralizar una sala. Nosotros somos cuatro salas, cuatro grupos de tres jueces que están trabajando al mismo tiempo en un caso. Cuando nos llega un caso complejo tenemos que abocarnos, y todo el resto de los casos tienen que esperar, y no siempre pueden esperar. Hace unos días tuvimos un habeas corpus sobre las personas privadas de su libertad en Gendarmería nacional en la frontera en Salta y había que atenderlo en el momento. Sin embargo, a la par, tenemos una causa como Cromañon que nos requiere un estudio muy mesurado y atento de recurso que tienen hasta trescientas fojas cada uno. Sin ir a estos extremos los datos estadísticos son muy claros. La Cámara comienza a funcionar a fines del año 1992. Yo conozco datos a partir de 1997, donde se atendieron escasamente 800 casos de recursos que llegaron, y el año pasado llegamos al 30 de diciembre con casi 6.000 casos, para la misma estructura del tribunal. Se ha creado, en el 2008, la Cámara Nacional de Casación Penal y ésta se debe hacer cargo de todas las cuestiones que maneja la Justicia ordinaria, aunque no está funcionando todavía, a pesar de que se han tomado los exámenes. Lo cierto es que nos descongestionaría en un 40% o más la tarea de la Cámara Federal de Casación Penal. A lo que hay que sumar un trámite distinto que se instituye en el 2008, y que es acentuar la oralidad en las discusiones de los recursos que tramiten ante la Cámara. Con este número de casos resulta sumamente difícil.

¿Usted cree que es necesaria una reforma del Consejo de la Magistratura?

Como toda institución nueva y joven, necesita de un proceso de formación, asentamiento y maduración. El Consejo cumple una función trascendental en la sociedad, no sólo por la selección de los jueces, sino porque tiene que garantizar la independencia de los jueces. Esto es lo más importante, por eso es muy interesante que se vuelva a debatir la conformación para que pueda cumplir la función para la que ha sido establecido constitucionalmente. Yo creo que hay algunas cuestiones que son prioritarias. Si nos enmarcamos solamente en una discusión macro, corremos el riesgo de pasar uno o dos años discutiendo esto sin resolver algo que es un problema urgente: los juzgados vacantes. La mayoría de los tribunales orales y cámaras federales del país tienen una o dos vacantes en este momento. Esto produce una serie de dificultades para la integración de estos tribunales y para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Lo mismo pasa en Capital Federal, con los tribunales orales en materia nacional, de 30 tenemos 17 tribunales desintegrados. Se ha sancionado oportunamente una ley que teóricamente debía superar los problemas de vacancias de jueces subrogantes, donde el Poder Ejecutivo tiene que conformar una lista de quienes van a ocupar esas vacantes hasta tanto se designen los nuevos jueces. Como esto no sucede, es muy grave la situación y debiera el Congreso de la Nación insistir y tomar alguna decisión para que puedan cubrir, aunque sea transitoriamente, esas vacantes hasta que se definan los concursos.

¿Tiene alguna propuesta para cubrir estas subrogancias?

Hay dos cuestiones que podrían ayudar. Por un lado, para acelerar las decisiones del Consejo de la Magistratura, vemos que hay postulantes que se presentan para más de un cargo y se los evalúa para cada uno de esos cargos con antecedentes, con evaluación escrita. Creo que se podría adoptar un sistema, como en la provincia de Buenos Aires, donde la aprobación de un concurso tiene validez durante dos años, lo que va a incidir en que más pronto tengamos las coberturas definitivas. En lo que hace al listado para las coberturas transitorias o de subrogantes, yo valoraría a los que se encuentran ternados. Hay profesionales que están ternados para cubrir más de un cargo, es gente que además demuestra que tiene disponibilidad para ocupar y que tiene capacidad. Yo utilizaría esas ternas al menos para ir cubriendo las vacantes hasta que se designen los jueces titulares.

¿Existe la presión del Ejecutivo hacia los jueces?

El juez tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no dejarse presionar. Si en algún momento siente que su ánimo puede ser afectado tiene que renunciar. A veces se procura, a través de ciertas declaraciones o denuncias masivas, que los jueces se vayan. Este suele ser el objetivo encubierto, como diría Alberto Binder, son verdaderos mecanismos de domesticación. La respuesta tiene que ser: voy a seguir decidiendo como me manda la Constitución. El que no esté en condiciones de hacerlo, tendría que quedarse en su casa.

Y con respecto a la pretendida evaluación de los jueces cada cuatro años

Es de imposible realización si tenemos tantos problemas para seleccionar a los jueces, y tantas vacantes en todo el país. No entiendo de qué manera podría, cada cuatro años, evaluar a todos los jueces. Esto me parece un poco descabellado. Aunque no dejo de considerar que también es importante buscar formas de incentivar a los jueces y a los funcionarios judiciales para que se actualicen permanentemente, pero no por la fuerza. Tendríamos que pensar en otras alternativas que no pasan por violar la Constitución, como sería esto de violar la estabilidad a través de una evaluación permanente.

¿Tendría que jugar un papel más importante la Escuela Judicial?

La Escuela Judicial es como el Consejo de la Magistratura, son instituciones nuevas que se van haciendo al andar. Ha habido en estos años un cambio importante, y en esto el Consejo cumplió una función importante, ya que ha llegado mucha gente al Poder Judicial con mente joven. Gente que viene de la universidad, de las cátedras, que tiene otra apertura y esto es muy interesante. Por eso es importante incentivar la capacitación de los jueces. Aquí nos encontramos con jueces que llevan muchos años y creen que no se puede cambiar nada, pero ya quedan menos.

Últimamente se volvió sobre el tema de la jubilación de los jueces a los 75 años ¿qué opina al respecto?

Esta es una norma constitucional que, como todos sabemos, ha sido declarada su nulidad en forma expresa por la Corte Suprema en el caso del juez Fayt. Y creo que el juez Fayt es el mejor ejemplo, con más de 90 años, de que se puede estar muy lúcido y dar enseñanzas como nos las da a nosotros y a ustedes los periodistas. Son normas antipáticas. Lo mismo sucede en las universidades, donde a los 65 años nos dan de baja automáticamente. De todas maneras, cada juez debe valorar si está en condiciones de producir lo que se necesita, porque tenemos mayor cantidad de casos en todos los fueros, y ver si a nivel de salud se está en condiciones para ejercer la magistratura. No creo que se tenga que ser tan rígido con el tema de la edad.