La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Justicia, Héctor Masquelet; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
También participaron el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso; los jueces Martín Vázquez Acuña y Luis Fernando Niño; y la Defensora Pública Oficial ante jueces y Cámara en lo Criminal de Instrucción, Silvia Martínez.
En el proyecto de declaración que resultó de los siete días de trabajo se incluyó un preámbulo y 43 puntos declarativos que abordaron temas relacionados con las causas, efectos y métodos para afrontar las problemáticas sociales, la violencia en todas sus escalas y métodos, el delito, la droga, la justicia penal, la delincuencia juvenil, la cárcel, la reinserción, la violencia contra la mujer y los migrantes.
La declaración final expresó la “profunda preocupación” de los países participantes “ante la proliferación de la violencia contra la mujer en todas sus distintas formas y manifestaciones a escala mundial”, y se “instó” a los estados a que “intensifiquen sus esfuerzos para prevenir la violencia contra la mujer y a enjuiciar y castigar a sus autores”.
En ese sentido, se destacó el proyecto de Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal finalizado por el Grupo intergubernamental de expertos en la reunión celebrada en Bangkok del 23 al 25 de marzo de 2009.
En otro punto de la declaración final, a la que tuvo acceso DiarioJudicial.com, los países firmantes se mostraron “convencidos de la importancia de prevenir la delincuencia juvenil, apoyar la rehabilitación de los delincuentes juveniles y su reinserción en la sociedad, proteger a los niños víctimas y testigos de delitos, incluso mediante iniciativas para prevenir su revictimización, y atender a las necesidades de los hijos de los reclusos”.
Asimismo, sostuvieron que “la privación de libertad de los niños debería utilizarse solo como medida de último recurso y durante el plazo más breve posible que sea apropiado”. En ese sentido, recomendaron “una aplicación más amplia, según proceda, de medidas sustitutivas del encarcelamiento, medidas de justicia restaurativa y otras medidas pertinentes que promuevan la remisión de los delincuentes juveniles a servicios ajenos al sistema de justicia penal”.
En otro punto, se pronunciaron a favor de “eliminar la violencia contra los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias”. Así, se exhortó a las 140 naciones a “adoptar medidas para prevenir y abordar eficazmente los casos de violencia de ese tipo, así como a que garanticen que esas personas reciban de los Estados un trato humano y respetuoso, con independencia de su condición”.