Concretamente, el trabajo elaborado en conjunto entre el Poder Judicial y la Policía Provincial sostiene que desde 1998, las denuncias que se realizaron en relación con los delitos de este tipo, 270 tienen que ver con expedientes tramitados en los 4 juzgados de Instrucción de la provincia. Mientras que 417, son notas preventivas de las Unidades Preventoras de Minoridad y Familia de la provincia.
Además, otras de las conclusiones a las que arriba el informe son que más allá del bajo porcentaje de condenas con respecto a la cantidad de denuncias existe “alto porcentaje de condenas en juicios orales”. Siendo que “la mayoría de las sentencias DIS corresponden a ASI (Abuso Sexual Infantil)”. La franja de edades con mayor riesgo es la de 10 a 15 años.
Sin embargo, detallan que “pudo corroborarse que existe una alta tasa de denuncias de DIS, mayor incluso a la media nacional: ello no significa necesariamente una alta prevalencia del fenómeno Delitos Sexuales en Tierra del Fuego, sino de las denuncias, quizás por razones de conciencia social del problema o menor tolerancia a su invisibilización, al aislamiento y detección de casos por parte de las instituciones, u otras razones que exceden este estudio”.
El estudio detalla que “una de cada cuatro denuncias de ASI termina en condena del presunto victimario” aunque destacan una “presencia importante de las dificultades probatorias propias del tipo de delito”. Y hace hincapié en la “falta de sistematización y de protocolos institucionales, particularmente de ASI” y en la “heterogeneidad en los procedimientos (en las denuncias), diferencias notorias de criterios en los procesos (expedientes judiciales)”.
Para resolver estos inconvenientes, el informe recomienda “elaborar protocolos de buenas prácticas institucionales para este tipo de delitos, fundamentalmente de ASI, que impliquen necesariamente lo inter institucional y lo interdisciplinario, convocando para ello a la Policía provincial, al Poder Judicial de TDF, y a los organismos gubernamentales de Salud, Educación y Desarrollo Social” algo que otras provincias ya poseen.
Asimismo, plantea la creación de programas preventivos, programas de tratamiento penitenciario y la generación de leyes provinciales y políticas gubernamentales para el tratamiento de la problemática.