En el primer caso, el Estado fue demandado por su responsabilidad en la presunta discriminación contra una madre adoptiva (empleada de un hospital en el Estado de Río Grande do Sul) y su hija adoptiva, en razón de la denegación de su derecho a la licencia por maternidad.
Los demandantes señalaron que el Estado brasileño violó los artículos 8 (garantías judiciales), 17 (protección a la familia), 19 (derechos del niño) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la obligación general consagrada en el artículo 1.1 de esa Convención.
Este jueves también se informó de la admisión de una demanda contra Brasil por la supuesta tortura de José do Egito Romão Diniz por parte de un oficial de la policía civil del estado de Río de Janeiro, quien estaba supuestamente tratando de obtener una confesión. La presentación fue interpuesta por dos defensores públicos del Estado de Río de Janeiro en 2005.
Otro caso admitido por la CIDH fue el de la presunta detención arbitraria y tortura seguida de muerte de un ciudadano brasileño. Los peticionarios señalaron que Adão Pereira de Souza fue muerto a manos de funcionarios de la policía civil y militar del estado de Pará.
La demanda fue presentada por la Comisión Pastoral da Terra de Xinguara, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos .
En otra causa, Brasil fue demandado por la presunta tentativa de homicidio contra Marcio Aurelio Gonçalves perpetrada por un agente de la Policía Federal de Carreteras, quien habría efectuado varios disparos de arma de fuego contra el hombre el 3 de junio de 2000.
Los reclamantes señalaron que “debido a que el perpetrador de los hechos denunciados era un agente del Estado, las autoridades actuaron con retardo injustificado y negligencia en investigar el crimen, procesar y sancionar a los culpables”.
Por último, en el caso de Nélio Nakamura Brandão y Alexandre Roberto Azevedo Seabra da Cruz, los demandantes demandaron a Brasil ante la CIDH por la presunta ejecución extrajudicial de ambos, perpetrada el 13 de septiembre de 2004 por policías militares del estado de San Pablo.