El magistrado quiere confirmar en principio quién los cobró y corroborar si en realidad es como asegura el titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, que esas sumas fueron transferidas "al Tesoro", tal como denominó a la caja con la que se mueve el organismo de inteligencia para solventar sus gastos.
Ayer, El director del Diario de Rio Negro Julio Rajneri confirmó ante Liporaci una versión publicada en ese medio, según la cual habrían sido extraídos, entre el 12 y el 13 de abril, de los fondos reservados de la SIDE 6.200.000 pesos en los días previos a la aprobación de la Reforma Laboral.
En el marco de las investigaciones que lleva adelante, el juez resolvió posponer la "inspección ocular" que tenía previsto realizar en el Senado, en especial en el despacho del legislador salteño Emilio Cantarero, a raíz de la controversia que se generó anoche respecto de esa diligencia, que fue interpretada como un "allanamiento".
La nueva ley que reglamenta los alcances de los fueros parlamentarios le impide al juez realizarlos, sin la autorización de la cámara, la que podría concretarse mañana, según indicaron voceros parlamentarios.
De todos modos, el juez intentaba buscar elementos de interés previo a iniciar las indagatorias que comenzarán mañana con la citación al senador justicialista Ramón "Palito" Ortega, y que proseguirán el viernes con la presencia de Cantarero, envuelto en el escándalo que lo ubica al borde del alejamiento del Senado.
Mientras tanto, el gobierno analizó durante la reunión de gabinete un informe del subsecretario Legal y Técnico Virgilio Loiacono, respecto de la redacción del decreto por el cual se levantará parcialmente el secreto del destino de los fondos reservados de la SIDE.
La firma de ese decreto se iba a concretar anoche pero fue pospuesta en dos ocasiones ante los conflictos que podría general a nivel internacional poner en descubierto acuerdos secretos con otros países.
El vocero presidencial Darío Lopérfido explicó al término de la reunión de Gabinete que "se sigue en la redacción del decreto" y aclaró que el levantamiento del secreto aprobado por esa norma está referido exclusivamente a la causa que instruye el juez Liporaci, es decir que esa información no podrá ser utilizada para otros fines.
Lopérfido indicó que develar públicamente el destino de esos fondos (se habla de tareas conjuntas con otros países en la zona de la Triple Frontera) podría "traer inconvenientes a nivel diplomático" ya que "en ese secreto de estado hay acuerdos internacionales" comprometidos.
Por otra parte, el juez Liporaci tomó hoy declaración testimonial a María Elena Machinea, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia, dependencia que tiene a su cargo la redacción de los decretos presidenciales.
Machinea, según trascendió, habría sido interrogada respecto de la existencia de algún decreto presidencial secreto por el cual se habrían incrementado las partidas destinadas a los fondos reservados de la SIDE, hacia donde están apuntadas todas las sospechas respecto del origen de los fondos con los cuales podrían haberse pagado los sobornos.
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