En diciembre del año pasado, la Legislatura había aprobado una resolución en la que se instruía al vicepresidente primero del cuerpo para que realizara una demanda por conflicto de poderes. En febrero, la demanda fue admitida y acumulada con la que había presentado el Poder Ejecutivo en noviembre del 2009.
Ambos poderes invocan como principal fundamento el artículo 113 inciso 1 de la Constitución porteño, y entienden que los jueces en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo de los Juzgados números 3, 4, 6 y 13 dictaron medidas que afectan las competencias “exclusivas y excluyentes” de ambos poderes.
En concreto, en la demanda se solicitó que se declare que el Poder Judicial “carece de competencia constitucional para disponer medida alguna que interfiera, altere, suspenda o de cualquier modo pueda afectar la labor de cada uno de los legisladores, de las Juntas y Comisiones que estos integran”, todo ello en relación con el curso del procedimiento para evaluar la nominación de Ugolini.
Los jueces en la mira el Ejecutivo son Roberto Gallardo, Elena Liberatori, Guillermo Scheibler y Patricia López Vergara, actualmente de licencia por su función en el Consejo de la Magistratura. Los dos primeros realizaron este miércoles por la tarde una conferencia de prensa en la que sostuvieron que la ciudad “intenta disciplinar” a los jueces.
“Es importante que sepan lo que nos está pasando: no nos dejan trabajar e intentan disciplinarnos. Los que crean que esto es una conspiración política, le queremos decir que hay una jueza del tribunal superior que ya ha marcado el intento de disciplinamiento”, advirtió Gallardo. A lo que Liberatori agregó: “Las decisiones judiciales deben ajustarse al derecho”.
Por otra parte, los legisladores de la ciudad Julio Raffo y Rafael Gentili, ambos de Proyecto Sur, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Legislativo, representado por el vicepresidente 1º de la Legislatura, Oscar Moscariello, desista “de manera incondicional de la demanda promovida contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por conflicto de poderes”.
La audiencia pública se llevará a cabo en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 402 y en los términos del artículo 7 de esta misma ley. Participarán el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y los jueces a cargo de los referidos juzgados. Los magistrados fueron citados para dar su visión acerca de su competencia funcional, y no en defensa de derechos subjetivos, ni responsabilidades personales.