El Superior Tribunal de San Luis decidió no sancionar a empleados del Cuerpo Técnico Forense de la localidad de Villa Mercedes que se encontraban sumariados desde 2007 a causa del ingreso de un virus al sistema informático que había sido generado en esa misma dependencia. La no sanción se desprende de la imposibilidad de identificar a los responsables del hecho investigado. En el sumario administrativo “Cuerpo Técnico Forense 2da. Circ. Judicial s/ Sumario Administrativo”,(Expte. 12-C-2007), se ordenó investigar a los empleados Ana Graciela Bianco, Martín Diego Casañas, Carlos Alberto Gómez Casañas, María Magdalena Soria y María Cristina Zaccagnini (todos ellos empleados del Cuerpo Técnico Forense de Villa Mercedes) por haberse detectado en el sistema informático el ingreso de un virus infeccioso o espía, originado en la computadora de la mencionada dependencia. La Unidad de Logística y Gestión II del tribunal de Mercedes, informó que fue imposible individualizar a los usuarios responsables, debido a que todo el personal nombrado accedió al sistema, a través de una clave única. Si bien, el STJ no aplicará sanción alguna, en su resolución exhortó a los magistrados y funcionarios judiciales a efectuar un ajustado control sobre el uso útil y decoroso de las computadoras personales y de Internet.
La Oficina Anticorrupción presentó tres proyectos contra delitos económicos
La Oficina Anticorrupción (OA), organismo a cargo de Julio Vitobello, en conjunto con otras áreas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, envió al Congreso tres proyectos de ley con el fin de mejorar la persecución y sanción de delitos económicos. El primero, establece la imputación penal de empresas u organizaciones que participen de un hecho de corrupción (la ley actual no permite acusar a personas jurídicas en delitos como sobornos, sólo se permite la imputación de personas físicas). Los otros dos proyectos en los que participó la OA tienen como objetivo facilitar la investigación en casos de soborno trasnacional. Una de las reformas consiste en permitir la persecución de personas y empresas argentinas por delitos cometidos fuera del país por éstas cuando estén involucrados funcionarios públicos extranjeros. La tercera iniciativa clarifica la definición de “funcionario público extranjero” para evitar problemas de interpretación. Los proyectos responden a recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El economista apeló la decisión de la Cámara Federal
La Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a un recurso de casación presentado por el economista Martín Redrado contra el fallo de ese tribunal que, el mes pasado, confirmó que no hubo delito cuando se le impidió, el 24 de enero último, el ingreso a la sede del Banco Central de la República Argentina, luego de haber sido separado de su cargo como presidente de esa entidad. En el mismo sentido, el juez federal Norberto Oyarbide había considerado que no hubo delito en aquella maniobra.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó por no cumplir con una orden judicial
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó para este martes a las 10.30 al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien deberá prestar declaración indagatoria, en el marco de una causa en la que se lo investiga por abrir, en octubre de 2006, una licitación cuando existía una orden judicial que lo impedía. El ex funcionario habría desobedecido a una medida cautelar que había dictado el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien frenó el proceso licitatorio para la privatización del corredor ferroviario que une las provincias de Buenos Aires y Misiones. Jaime había sido convocado para el miércoles último, pero el ex funcionario pidió una postergación.
Inauguración de una fiscalía en Don Torcuato
Otra fiscalía descentralizada en el departamento judicial San Isidro. Esta vez se trata de la número 11, que fue inaugurada en Don Torcuato, partido de Tigre, en un acto que estuvo presidido por la procuradora general, María del Carmen Falbo y el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, con la presencia del intendente de ese distrito, Sergio Massa, del fiscal general Julio Novo y de autoridades municipales y judiciales. La sede que albergará al nuevo organismo judicial, ubicada en Avenida Alvear 600 (ex ruta 202) entre las calles Elvira y Marcelo, estará a cargo de Cosme Iribarren. En total, en el departamento judicial San Isidro ya fueron creadas 11 fiscalías descentralizadas en San Fernando, Tigre, Vicente López Este, Vicente López Oeste, Pilar, Martínez, Boulogne / Villa Adelina, Benavídez y Talar de Pacheco.