Los tres ciudadanos fueron elegidos mediante un sorteo realizado con la base de datos de los habitantes de La Paz. En primera instancia, se sortearon 12 personas, de las cuales, sólo acudieron ocho a la convocatoria. De esas ocho, se seleccionó a tres hombres que juzgarán a Fernández, recluido en La Paz hace más de un año. Fernández es el principal imputado entre otros 26, de una masacre de campesinos en la localidad de Porvenir, en septiembre de 2008 (hasta entonces fue gobernador de la región de Pando). El gobierno del presidente Evo Morales acusó a Fernández de haber sido el autor de esa masacre y, por eso, lo destituyó del cargo, lo trasladó a La Paz y lo procesó.
Los hechos de violencia ocurrieron el 11 y 12 de septiembre del 2008, cuando 19 personas murieron y unas 50 resultaron heridas. Estos hechos trágicos se dieron en el contexto de una manifestación campesina motivada por preocupaciones de que se producirían retrocesos en cuanto a la distribución de tierras y el manejo de otros recursos naturales a nivel departamental.
La abogada de los familiares de las víctimas informó que Fernández deberá responder por la muerte de al menos 14 campesinos aliados del Ejecutivo.
Para la letrada, este proceso es un logro muy importante en la lucha contra la impunidad, ya que se han desplomado paradigmas existentes con anterioridad con respecto a la imposibilidad de enjuiciar a autoridades.
Organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de Estados Americanos denunciaron en su momento que los campesinos fueron cercados y luego masacrados.
El juicio contra de Fernández empezará el 19 de junio y ni siquiera el presidente del tribunal tiene idea de hasta cuándo se prolongará. Los jueces ciudadanos perciben una remuneración por su trabajo y sus empleadores deben darles el permiso necesario para asistir al juicio.