28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Para deportar, no alcanza con delitos menores

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un delito por drogas no debería ser causa automática de deportación. Fue en el caso de un mexicano que fue declarado culpable de posesión de marihuana, en 2004, y de posesión de un medicamento sin receta, en 2005.

 
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que un delito menor por drogas no debería ser causa automática de deportación. Ocurrió en el caso del mexicano José Ángel Carachuri Rosendo. La decisión fue unánime y anuló un fallo de un Tribunal de Apelaciones que había ratificado la deportación de Carachuri.

Carachuri ingresó legalmente a Estados Unidos en 1993 y consiguió la residencia legal. En 2004, se declaró culpable ante un tribunal de Texas por un delito menor de posesión de marihuana y fue sentenciado a 20 días de cárcel.

Un año más tarde, fue llevado otra vez ante los tribunales, también en Texas, por el delito menor de posesión, sin receta, de una tableta de Xanax, un medicamento para la ansiedad. El hombre no discutió el cargo pero no fue procesado bajo la ley de ese Estado como un reincidente. Fue sentenciado a 10 días de cárcel. En octubre de 2006, Carachuri recibió una notificación del Gobierno de que iba a ser deportado porque se le "había condenado en violación de una ley del Estado relacionada con una sustancia controlada".

Carachuri, que tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, solicitó que se anulara la orden de deportación, pero un juez de inmigración dictaminó que no tenía derecho a esa anulación porque se había sido condenado por un delito agravado. Según el magistrado, Carachuri había cometido un "delito de tráfico de drogas".

El gobierno del presidente Barack Obama había apoyado la apelación de Carachuri. Aunque Carachuri fue deportado a México, las autoridades judiciales tendrán que revisar su orden de expulsión.

En EE.UU., si alguien es condenado por un delito mayor agravado no puede apelar una deportación, pero un residente permanente con más de diez años en el país puede al menos pedir una exención si cometió delitos leves antes de cumplir esos diez años.

El dictamen favorable a Carachuri podría eliminar la práctica actual de las autoridades migratorias de enviar a los presos a distritos donde los tribunales son más estrictos en la interpretación de las leyes.

La Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU y otros 15 grupos cívicos han presentado opiniones ante el Supremo a favor del mexicano y su derecho a apelar su deportación.

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dju / dju
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