Agustín Gamboa, Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público, comenzó el debate explicando detalles acerca del segundo informe. Dijo que la carga de trabajo del Ministerio Público Fiscal creció en un 75% producto del segundo convenio de transferencia. Aunque destacó que más allá del aumento el promedio de resolución sigue estando en el orden de los tres meses.
Otro dato que dio Gamboa es que en la Ciudad existen “cerca de 2 millones y medio de armas ilegales”, según los registros con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, Gerardo Ingaramo (Pro), presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura, dijo que “no hay posibilidad de romper los problemas si no se cuantifican”. Y agregó: “La seguridad es la prioridad para los porteños”. Luego realizó un repaso de los últimos dos años de gestión del gobierno de la Ciudad y volvió a insistir en la necesidad de un traspaso de competencias con recursos.
Más tarde le tocó el turno a Julio Raffo (Proyecto Sur), quien comenzó su exposición con una pregunta: “¿Dónde se encuentra el Derecho?”. “Muchos creen que el Derecho está en la norma y sobre el escenario judicial” dijo, y agregó: “Las palabras de la ley no operan sobre la realidad”. Su razonamiento tenía un objetivo: “Este informe es como las bikinis, muestra cosas interesantes pero oculta lo principal”, dijo.
Para el legislador, “la realidad es más rica que lo que detectan los fiscales y los funcionarios”. Y se preguntó: “¿De qué sector social son los casos atendidos por la fiscalía?”, “¿para quién trabaja nuestro sistema coactivo?”. “Tengo que tener alguna noción de quienes son”, así “vamos a advertir para quien trabaja el MPF”, culminó.
Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) dijo que el informe “es un paso adelante al institucionalizar la información pública” aunque aclaró: “lo que preocupa es que no se puede complementar con otro dato más”, razón por la cual “es una visión muy parcial de la situación”.
La respuesta no se hizo esperar, Garavano expresó que el Ministerio Publico Fiscal trabaja “para la gente que más lo necesita”. “Tenemos una visión sesgada por nuestra función” por lo que “el informe tiene un sesgo funcional”. “Muchas veces a la Justicia accede la gente más acomodada”, agregó el Fiscal General, y el Estado se debe encargar de equilibrar la balanza.
Otro de los puntos criticados por los legisladores fue el tema de las usurpaciones. Garavano sostuvo que hay un protocolo donde “el Ministerio Publico Fiscal se autolimitó, en todos los caso se solicita al juez”, así “el MPF sólo hace desalojos jurisdiccionales, aunque puede hacerlos per se”.
El tema de los cuidacoches tampoco quedó fuera, el informe sostiene que durante el 2009, ingresaron unas 4.194 causas. Ante esto, Garavano planteó la necesidad concreta de “regular la actividad de los cuidacoches”, ya que “hoy como está tipificado es una impunidad absoluta”. “Caen todos en una figura que no permite accionar” y “se plantean situaciones injustas”, dijo.