La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte los casos de seis desapariciones forzadas de chicos entre 1981 y 1983 en el contexto del conflicto armado que atravesó ese país. Sólo uno de las menores recuperó su identidad mientras que el resto permanecen desaparecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte Interamericana una demanda contra El Salvador por la desaparición forzada de 6 chicos entre 1981 y 1983. Según los denunciantes, los menores fueron secuestrados por miembros de cuerpos militares que realizaron “operativos de contrainsurgencia” en el contexto del conflicto armado que atravesó el país centroamericano.
En los 6 casos, los denunciantes fueron la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las denuncias fueron por las desapariciones de los hermanos Serapio Cristian, Julia Inés y Gregoria Herminia Contreras; Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera.
Todos permanecen desaparecidos excepto Gregoria Herminia Contreras, quien recuperó su identidad en 2006.
Según aseguraron desde la CIDH, “las circunstancias que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidas, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”.
En tanto, en el “informe de fondo”, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño “violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, la protección a la familia, el derecho al nombre y los derechos del niño”.
José Rubén Rivera fue capturado a los 3 años por militares integrantes de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada durante un operativo realizado en la Hacienda “La Joya” en el departamento de San Vicente.
En el caso de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y 7 años, se denunció que habrían sido capturadas por militares integrantes de un Batallón de “reacción inmediata”, de unidades de la Tercera Brigada y del Centro de Instrucción del Comando de San Francisco Gotera, durante un operativo conocido como “Operación Rescate”.
En tanto, la Asociación Pro-Búsqueda y el CEJIL señalaron que los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras de 4 años, 1 año 8 meses y 4 meses respectivamente habrían sido capturados por militares integrantes de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada durante un operativo realizado en el lugar conocido como “La Conacastada”.
En los tres casos, el Estado alegó que las causas eran “inadmisible[s]” porque no se habían “agotado los recursos internos en El Salvador”. En algunas de las presentaciones se señaló la existencia de un proceso penal abierto en etapa de investigación.
En el caso “Rivera”, según señaló la CIDH, el Estado salvadoreño manifestó que “durante la época del conflicto armado no hubo un patrón de desaparición forzada de personas, entre ellos niños y niñas, sino que el mismo conflicto armado generó situaciones en que familias fueron separadas en forma involuntaria, desconociéndose por lo tanto en muchos casos las consecuencias y alcances de tal separación”.